Para sensibilizar al mundo sobre el tema y hacer un llamado frontal con el objetivo de que todos los países combatan la corrupción, en 2003, Naciones Unidas declaró el 9 de diciembre como el Día Internacional contra la Corrupción. Lamentablemente, un sencillo ejercicio nos permite ver la realidad que vive el Estado mexicano en este aspecto. Hace 19 años, cuando la ONU aprobó la resolución para conmemorar esta fecha, de acuerdo con el Índice de Percepción de Corrupción (IPC) hecho por Transparencia Internacional, de 133 países encuestados, México se encontraba en el lugar número 64. En el 2012, México apareció en el puesto 105 de 176; en el 2018, nuestro país ocupó el escalón 138 de 180; y finalmente, en 2021, nos encontramos en el lugar número 124 de 180.
La corrupción es un fenómeno social, político y económico que afecta a la sociedad en su conjunto, sus derechos humanos y que, incluso, puede costar vidas. Es labor de todas y todos erradicarla. Hoy en día, en nuestro país cada vez más personas preguntan y cuestionan sobre situaciones que deben ser públicas: quieren conocer sobre todo tipo de contratos, adjudicaciones, el ejercicio de los recursos públicos, a qué empresas se asignan obras, si están acordes a la normatividad, y múltiples temas donde podrían encontrarse presuntas situaciones de corrupción.
Para México, Transparencia Internacional recomienda puntualmente: (1) fortalecer al INAI y a las instituciones pertenecientes al Sistema Nacional Anticorrupción; (2) fiscalizar el gasto público en tiempo real (con particular énfasis en el gasto en salud y en programas sociales); y (3) aprovechar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para combatir la corrupción. En este último punto, el acceso a la información ha sido clave para que, a través del periodismo de investigación, se den a conocer presuntos actos de corrupción que han permitido crear conciencia colectiva y exigir cambios.
La corrupción no es solo desvío de recursos, no solo tiene que ver con pesos y centavos, sino con la utilización ilegítima de cualquier tipo de poder público. Debemos considerar cuestiones éticas, es decir, la corrupción también se manifiesta en servidores públicos que no trabajan, que mienten, que no buscan mejorar su desempeño y que no rinden cuentas de sus labores.
Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2022, hecha por el INEGI, la corrupción es una de las principales preocupaciones de la ciudadanía, por encima incluso del narcotráfico. Podemos tener cientos de encuestas acertadas y valiosas al respecto, sin embargo, permanecer en el diagnóstico sin proponer soluciones pertinentes es quedarnos sentados con los brazos cruzados.
Debemos ser conscientes, también falta vinculación entre el Sistema Nacional de Transparencia (SNT), el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y el Sistema Nacional de Fiscalización (SNF).
Desde el INAI, combatimos directamente la opacidad de todas las autoridades en México y promovemos una cultura de la transparencia, clave para fortalecer nuestra democracia.
La opacidad y la discrecionalidad son algunas de las muchas caras que presenta la corrupción, mismas que vulneran el derecho de acceso a la información y lapidan, poco a poco, el Estado de Derecho que tanto deseamos construir en nuestro país.
A propósito, hoy inician las Jornadas Anticorrupción en Zacatecas, donde tendré el privilegio de participar en el panel: “Rendición de cuentas para una democracia plena”. En este evento habrá que decirlo fuerte y claro una vez más: sin transparencia y sin derecho de acceso a la información, no hay control de la corrupción ni democracia.
Hagamos una reflexión real, en el marco del Día contra la Corrupción. Una conmemoración real debe ser el compromiso de todos los órganos autónomos e instancias encargadas de combatirla; analizar si tenemos un decidido trabajo frontal y a favor de las y los ciudadanos. Debemos comprometernos y pasar de la conmemoración a la acción.
POR JULIETA DEL RÍO
COMISIONADA DEL INAI
@JULIETDELRIO
MBL
