El debate sobre la seguridad pública en el país está contaminado, lleno de prejuicios, lugares comunes, pseudo narrativas con mala entraña, simplismos, ingenuidades, reduccionismos, hipocresías e intereses obscuros.
Sigue siendo, sin lugar a dudas, uno de los grandes problemas nacionales. Pero, ni estamos igual que antes, ni es una condena inescapable, ni las “culpas” o responsabilidades pueden repartirse por igual a todos. En honor a la verdad, sí hay avances, sí es posible construir mejores realidades, sí existen fórmulas que dan mejores resultados que otras, y sí es posible diferenciar un mejor trabajo por parte de algunos actores políticos e institucionales sobre otros.
Si nos enfocamos en el delito más importante para explicar el nivel de violencia, que es el de homicidios dolosos, encontramos que después del recrudecimiento de la inseguridad en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, por fin se tiene registro de una contención y disminución de la criminalidad con la actual administración. De 2018 a 2021, la tasa de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, pasó de 23.22 a 21.92, de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Y si revisamos con detalle los resultados por entidad federativa, también veremos cosas interesantes. Mucho se ha dicho que el homicidio es un delito del fuero común, y por tanto responsabilidad de los gobiernos locales, y lo es, aunque en corresponsabilidad con la federación, al considerar que buena parte de los homicidios se producen como parte del narcotráfico y otras expresiones de la delincuencia organizada.
Pues bien, al comparar las gestiones estatales de los gobiernos que llevan más tiempo, es decir, aquellos electos en 2017 o 2018 (cuatro o cinco años gobernando), los que tienen peores resultados son el Estado de México y Guanajuato, con aumentos en la tasa de homicidios dolosos de 11 por ciento y 5 por ciento, respectivamente. Por el contrario, destacan favorablemente algunas entidades como la Ciudad de México, Puebla, Chiapas, Veracruz, Tabasco y Yucatán , que han logrado reducciones entre 15 por ciento y 32 por ciento, en la misma tasa de homicidios, desde que fueron electos y hasta el año 2021.
Incluso, entre los gobernadores que resultaron electos en 2021, y por ende llevan un año o poco menos al mando, en la gran mayoría de los casos hay una estabilización o ligera disminución de los crímenes violentos hasta la fecha, excepto en dos: Nuevo León y Colima.
En ese sentido, los gobiernos de Alfredo del Mazo y Diego Sinhue tienen mucho que explicar en torno a sus malos resultados en materia de seguridad, después de un periodo más que suficiente como para haber cambiado la tendencia.
Los gobiernos locales deberían dejar a un lado las grillas. Como lo ilustran los casos de Yucatán y Querétaro, es mucho más valiosa la coordinación que la confrontación para generar mejores escenarios para la paz. La discrepancia y el insulto sólo dan primeras planas; los acuerdos pueden conducir a la tranquilidad.
POR JESÚS ÁNGEL DUARTE
COLABORADOR
MAAZ
