Hace poco más de una década, varias decenas de un grupo de periodistas nos concentramos en el Monumento a la Independencia para hacer una marcha por los asesinatos de periodistas y la impunidad que los rodeaba.
Aún recuerdo la presencia del fallecido Miguel Ángel Granados Chapa, el videoreportaje que hizo Epigmenio Ibarra, el momento en que Gerardo Albarrán de Alba se puso cinta adhesiva en la boca para simbolizar lo que veíamos —y veo todavía— como intento de acallar a la prensa.
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Y como siempre, la presencia y activismo de otros, como Rogelio Hernández, uno de los promotores de las protestas del martes. Viene esto a cuento porque la diferencia entre lo que protestamos entonces y lo que hicieron la noche del martes docenas -o quizá cientos— de periodistas es sobre todo de fechas, de asistentes —muchos jóvenes— y de gobiernos. Era entonces el régimen de Felipe Calderón (PAN), y ahora es el de Andrés Manuel López Obrador (Morena). Pero el motivo es todavía el mismo.
La actitud del gobierno y las autoridades fue entonces de preocupación que al final quedó en medidas más o menos simbólicas y las que ahora promete la Presidencia —una comisión que investigue el último asesinato, el de Lourdes Maldonado, en Tijuana— es más o menos lo mismo.
En otras palabras, la responsabilidad de los asesinatos recae o bien en delincuencia organizada o en autoridades o grupos de poder locales que se sienten amenazados por la actividad de los informadores. Pero oficialmente nada más.
Que hay, han habido y puede haber otros motivos es cierto. Pero no lo sabemos. No hay datos, no hay investigaciones que permitan establecer diferencias entre un asesinato por el ejercicio de la profesión o el cometido por cualquier otra causa.
Y en eso las cosas no han cambiado. No hay distinción entre gobierno y gobierno, excepto por los números. De acuerdo con la organización Artículo 19, el gobierno de Felipe Calderón reportó 48 casos de periodistas muertos; el régimen de Enrique Peña Nieto registró 47. El gobierno López Obrador llegó ya a los 25.
Artículo 19 afirma que desde el 2000, ha ocurrido el asesinato de 148 periodistas en México. Y en cualquier medición son muchos. Demasiados, tanto que se considera al país como uno de los dos más peligrosos del mundo.
El hecho que las protestas de periodistas trasciendan gobiernos, sin importar la orientación ideológica de esos regímenes, habla de un problema sistémico, uno mucho mayor que el de las motivaciones políticas que los funcionarios suelen atribuirles.
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La violencia y los asesinatos recientes ponen de manifiesto la limitada capacidad de reacción del Estado y la ausencia de protección integral, aun en casos en que hubo petición abierta de apoyo, como en el de Lourdes Maldonado.
O tal vez que este gobierno no es tan distinto a los anteriores.
POR JOSÉ CARREÑO FIGUERAS
JOSE.CARRENO@ELHERALDODEMEXICO.COM
@CARRENOJOSE1
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