El Código Penal Federal establece el delito de extorsión como al que sin derecho obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un lucro para sí o para otro, o causando a alguien perjuicio patrimonial. Se aplicarán de dos a ocho años de prisión y de 40 a 160 días de multa. Sin embargo, si se trata de un servidor público hay un agravante: se destituirá al servidor público del cargo y se inhabilitará de uno a cinco años de cargos públicos.
De acuerdo con el INEGI, al cierre de 2019, la Administración Pública Federal, que encabeza el Presidente López Obrador, estaba conformada por 1,606,800 empleados
El 27 de febrero de 2020, se registró el primer caso de Covid-19 en México. Apenas a mediados de marzo seguía insistiendo en minimizar los contagios e invitaba a los mexicanos a besarse y abrazarse.
El dos de abril declaró: ¨nos vino esto como anillo al dedo para afianzar el propósito de la transformación¨. Nos queda claro que para él, ni la vida ni la salud de las y los mexicanos es importante, pero sacar raja económica sí lo es.
El 23 de abril, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el decreto sobre las medidas de austeridad que debían observar las dependencias y entidades de la APF, a pesar de que tres días después declaraba “vamos bien porque se ha podido dominar la pandemia”. En julio, el gobierno federal pasó la charola a los funcionarios públicos pidiendo una aportación entre el 5 y 25 por ciento -mensual- como “aportación voluntaria” en cumplimiento con el decreto de austeridad para enfrentar la pandemia ocasionada por Covid-19. Y, no conforme, el 5 de noviembre, vía un nuevo decreto, ordenó recortar los días de aguinaldo que les correspondían por ley…otra vez, como medida de austeridad frente a la pandemia de Covid-19.
¿Si íbamos bien, por qué les quita parte de sus ingresos a los servidores públicos?
Ahora toca turno al INE. El mismo presidente, funcionarios del gobierno, gobernadores y legisladores se pronuncian por acabar con los “privilegios” de los empleados cuando en realidad son sus sueldos.
La pregunta es: ¿quién tendría el valor para inconformarse frente a la amenaza de perder el empleo? Esa respuesta seguramente la conoce la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, a quien se le ha demostrado la extorsión que realizaba, vía descuentos de nómina, a los empleados del municipio de Texcoco (2013-2015), aparentemente para la campaña política del hoy presidente.
Así la calidad civil y moral de este gobierno.
Continuará..
Es cuánto.
POR JORGINA GAXIOLA
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MAAZ