La investigadora del Colegio de México, Alejandra Trejo, junto con el profesor de la Universidad EAN de Colombia, Jose Niño de Amezquita, coordinaron recientemente el libro Metropolitan Governance in Latín América, de la editorial Routledge. En el texto comparan sistemas de gobernanza para la provisión de servicios públicos por parte de las distintas instancias de gobierno en zonas metropolitanas de América Latina.
La doctora Trejo es la encargada de escribir el caso de la Zona Metropolitana del Valle de México. Su acertado argumento es que la fragmentación de responsabilidades entre niveles e instancias de gobierno, que caracteriza la administración de servicios en la capital y en la zona conurbada, no ha ayudado a mejorar la desigual distribución de los mismos, y probablemente contribuye a mantener las diferencias entre una zona noroeste, centro, y algunas partes del sur, frente a una región oriente con graves carencias. En realidad no existe una instancia que piense, diseñe, desarrolle y coordine políticas para resolver los problemas públicos como una sola unidad urbana.
En el caso de la recolección de residuos, el servicios se ofrece en toda la zona, pero debido, en buena medida, al trabajo de actores informales que subsana el de las agencias formales. En el tema del agua el servicio es general, pero con graves y persistentes deficiencias en áreas de menores ingresos. Mientras que en el caso del transporte público, existen zonas en las que simplemente no se tiene una oferta mínimamente adecuada, principalmente en áreas periféricas. Se hace mención de experiencias, que no fueron fallidas del todo y que deben analizarse, como la comisión ambiental y el fondo metropolitano.
Me parece que el caso de los servicios de agua es el que mejor ejemplifica el argumento de Alejandra Trejo. El revertir la deficiente provisión del servicio en varias zonas de la ciudad requiere de un plan coordinado de acciones, como mejora de la infraestructura y operación del sistema Lerma-Cutzamala, recuperación de pozos, reparaciones de la red, medidores de cobros y mayores tarifas para usuarios de alto consumo, sistemas de colecta de lluvia y reúso de agua, mejora de infraestructura en vivienda, etc., para lo cual se requiere, en ese orden: regulación, políticas y recursos por parte de Conagua, los sistemas de aguas de CDMX y de Edomex, los ayuntamientos mexiquenses y las alcaldías capitalinas.
Existe un mecanismo de coordinación entre las autoridades federales y las dos entidades, el fideicomiso 1928, en el que depositan los recursos que en el valle se pagan a la Conagua por el agua en bloque. Con el financiamiento del mismo se realizan obras de beneficio común, pero no como parte de una estrategia integral que revierta la mala distribución de los servicios hidráulicos en la capital, a pesar de que las inversiones por parte del gobierno capitalino en materia de agua se han incrementado en los últimos años. Sin coordinación, la mejora de la previsión de agua a zonas mal atendidas será solamente parcial.
El caso del transporte es más grave, ya que prácticamente no existe coordinación en las políticas de movilidad y servicios. Se han desarrollado el Metrobús, la Ecobici, y ahora los nuevos trolebuses y el Cablebús, pero sin la posibilidad de que sirvan para integrar mejor a la zona metropolitana. El tema, como bien lo apunta Alejandra Trejo, es institucional, de falta de instancias gubernamentales de coordinación y desarrollo de políticas efectivas. No es un problema de competencia política, entre actores de distintos partidos, la coordinación informal prevalece, lo que faltan son agencias y mecanismos que desarrollen políticas metropolitanas planeadas y con beneficios a largo plazo.
Así debería ser la zona metropolitana; dotada de infraestructura urbana y de movilidad, segura y con servicios básicos de calidad. Esto traería beneficios económicos y sociales importantes, debido a la conexión con la industria, los centros de trabajo, de esparcimiento, áreas verdes y espacios culturales.
POR VIDAL LLERENAS
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