Una semana después del inicio de la Legislatura, el Congreso de la Unión aprobó la Ley de Revocación de Mandato. Ocurrió lo previsto: todos estuvieron de acuerdo en lo general, pero Morena y aliados rechazaron las reservas que esgrimieron los representantes de la oposición.
Ahora sólo falta que el Presidente promulgue la ley y se publique en el Diario Oficial de la Federación. En el debate se parte de algunas premisas por demás curiosas. En primer lugar, se asume que habrá consulta; y en segundo lugar, se presupone que el Presidente será ratificado.
Cualquiera diría que, con la popularidad de que goza el Presidente, sería iluso buscar su revocación. Para ello se requiere re que ciudadanos organizados estuvieran dispuestos a seguir un proceso complejo y costoso para recaudar firmas (2.8 millones distribuidas en al menos 17 entidades), someter la solicitud ante el Instituto Nacional Electoral (INE) y procurar que 40 por ciento de los inscritos en el listado nominal acudan a votar, con la expectativa de que la mayoría vote por revocar al Presidente.
Habrá consulta para la revocación porque está en el interés político y personal del Presidente López Obrador. Él es el más interesado en someterse a la revocación porque sabe que ni votará 40 por ciento requerido y que los pocos que voten lo apoyarán. ¿Y después qué? Sin duda el discurso presidencial se reforzará por el apoyo recibido, se insistirá en que todo va muy bien, que el pueblo bueno respalda el supuesto cambio de la llamada 4T, y que los adversarios al régimen fueron derrotados.
Si, en efecto, la consulta se realizara en marzo, hay que recordar que seis entidades se encontrarán en pleno proceso electoral para renovar gubernatura (Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas), y que las campañas estarán por iniciar. Quizá la revocación ayude a Morena a posicionar a sus candidatos. ¿Y luego qué? Se habrá sentado un precedente que poco tiene que ver con un verdadero ejercicio democrático.
En el terreno político, la Legislatura seguirá siendo la misma y Morena tendrá que negociar los cambios que le solicite el Presidente. De hecho, por ejemplo, la pregunta original para la revocación propuesta por Morena tuvo que ser modificada para evitar que la oposición acuda a la Suprema Corte a reclamar la inconstitucionalidad de la ley, además de que la oposición negó al Presidente el capricho de convocar a un periodo extraordinario antes del 1 de septiembre.
Lo que sí ocurrirá es que el INE tendrá que apurar la producción de los formatos y aplicaciones electrónicas para recabar firmas en 21 días a partir de hoy; iniciará el proceso de contratación de casi 38 mil funcionarios que capacitarán al medio millón de ciudadanos que recibirán las opiniones de los ciudadanos y habrá gastado cinco mil 750 millones de pesos.
Con eso, el Presidente estará contento, ratificará que el porcentaje incierto de ciudadanos que participen lo apoyan. Y si la gente no participa, será culpa del INE. ¿Alguien arriesga un escenario diferente? ¿Y luego, qué?
POR ARTURO SÁNCHEZ GUTIÉRREZ
PROFESOR INVESTIGADOR TEC MONTERREY
@ARTUROSANCHEZG
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