Aunque el gobierno federal se resiste a reconocer que la política educativa en México es un fracaso, las propias autoridades aceptaron que 5.2 millones de estudiantes no se inscribieron en el ciclo escolar 2020-2021 por causas relacionadas con el COVID-19 o por falta de recursos económicos.
Este escalofriante dato lo dio a conocer el Inegi en marzo y, en su momento, el presidente López Obrador lo desestimó. Por este asunto y las cifras de desempleo, el mandatario cuestionó al organismo e incluso pidió una reforma para que cambie sus parámetros y objetos de estudio.
No obstante, el pasado 19 de agosto, el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación (que no de la SEP), Alejandro Encinas, usó los datos del Inegi para justificar el regreso a clases. Habló de las afectaciones del confinamiento y de la deserción escolar, de la violencia familiar por la pandemia, del embarazo en niñas y adolescentes, de los homicidios y suicidios, todo con base en los datos del Inegi. Los usó para decir por qué era necesario que los estudiantes (a los que el gobierno de la 4T se niega a vacunar) tuvieran que volver a las aulas. La primera contradicción radica en el hecho de que usan los datos de organismos autónomos (que ellos mismos cuestionan), para imponer decisiones que tienen más rostro de ocurrencias.
Por otro lado, el gobierno argumentó que el confinamiento ya no tenía razón, pero antes de la pandemia nos vendió como uno de sus proyectos estrellas el Programa Aprende en Casa, que no era otra cosa que tomar clases desde los hogares, mediante programas televisivos.
Ahí sí, nadie cuestiona el encierro, el confinamiento ni sus repercusiones, porque se trataba de una estrategia “para fortalecer el hogar como un ambiente de aprendizaje”, algo de lo que nadie quiere hablar ahora. Esto y lo del Inegi, dejaron ver la debilidad del gobierno en materia educativa.
No sólo porque la pandemia los tomó fuera de base en varios rubros, sino porque la reforma educativa de este gobierno está muy lejos de materializarse. Y por si fuera poco todo ese coctel explosivo, la semana pasada el gobierno decidió apenas incrementar el presupuesto en materia educativa.
En el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2022 se propone un monto aproximado de 859 mil millones de pesos, que implicaría, según los expertos, un crecimiento de poco más de 2% respecto al PEF 2021. Además, el presupuesto se distingue por la ausencia de una estrategia de atención a la educación a distancia, por el COVID-19 y por la eliminación de 13 programas. En términos reales, 98.1% del presupuesto sería empleado para cubrir gasto corriente, como nómina y otros gastos operativos.
En contraste, sólo 1.8% sería destinado para la compra, alquiler o mantenimiento de bienes muebles. Eso quiere decir que el gobierno que impuso el regreso a las clases presenciales, invertirá una pizca del presupuesto para acondicionar planteles educativos. Y el tema se torna mucho más grave con una denuncia que hizo el magisterio: de 137 mil 569 escuelas revisadas por el sindicato, casi todas de nivel básico, 31 mil tienen problemas de abasto de agua potable.
Otros 48 mil 667 planteles, distribuidos en todas las entidades federativas, necesitan diversas obras de rehabilitación de infraestructura. Esa es la verdadera realidad de la educación pública en México. Lo demás, son cuentos chinos que quieren vender como grandes genialidades todas las mañanas desde Palacio Nacional. Mientras el dinero del pueblo se va a obras que nos hacen recordar aquella película de La Ley de Herodes o, peor aún, obras de relumbrón que quién sabe si verán la luz este sexenio.
Y como dice el filósofo… Nomeacuerdo: “No desprecies a quien poco es, que algún día mucho podrá ser”.
POR ALFREDO GONZÁLEZ CASTRO
ALFREDO.GONZALEZ@ELHERALDODEMEXICO.COM
@ALFREDOLEZ
DZA