El pasado 1 de agosto, la ciudadanía pospuso su derecho de votar en la consulta popular y trasladó el análisis, debate y pronunciamiento sobre el ejercicio en sí mismo, al plano mediático.
El primer gran plebiscito mexicano que buscaba la ejecución de un acto de administración se politizó y polarizó. Predominó una falta de organización y hasta de difusión por canales adecuados, lo que llevó al resultado que ya todos conocemos: seis millones 511 mil 385 votos por el “Sí” al enjuiciamiento de ex presidentes por actividades realizadas en el pasado y un total de 102 mil 945 sufragios por el “No”.
En 2009 se incluyó la figura del referéndum en nuestra Carta Magna, para 2012 –después de diversos dictámenes y discusiones– se incorporó el mecanismo de la “Consulta popular”, justificándose en la falta de canales para la participación de la población en temas de interés público. Y para 2014, se publicó la Ley Federal de Consulta Popular para reglamentar la misma.
El texto vigente del artículo 35, fracción VIII, de la Constitución federal considera excepciones mínimas para consultar, dejando prácticamente cualquier tema como objeto de opinión pública y respuesta positiva o negativa.
El propósito de establecer dicha figura fue generar un mecanismo de democracia participativa, enmarcado como derecho humano que tiene la ciudadanía, a propuesta del Presidente, el Congreso de la Unión y los propios votantes (2 por ciento de la lista nominal).
Por desconocimiento, apatía o falta de legitimación, la población desdeñó un poder que le corresponde… Lo cierto es que en México hay una baja participación social, ya sea para ejercer sus derechos individuales o colectivos.
A posteriori, todos aprendimos algo de la primera consulta popular: No forzar un ejercicio ciudadano desde el poder, eliminar mezquindades partidistas y políticas porque no se trata de una contienda electoral y, los ciudadanos, dejar la desidia e indiferencia para colaborar en las decisiones de las instituciones públicas.
Este mecanismo se tienen que quedar y repetir, mejorar su implementación, reducir los costos y aumentar la participación. Al final se trata de un ejercicio de gobierno abierto, un método para influir en las decisiones y actuación del gobierno, relativas a asuntos de relevancia nacional, una forma de obtener un pronunciamiento directo de los ciudadanos.
Roma no se hizo en un día. Siete millones de votos, es decir, 7.11 de la población en edad de votar, representa un inicio. Su voz se debe escuchar y considerar, aunque no se alcanzara el porcentaje para hacer la encuesta vinculante. La idea era que opinaran y lo hicieron.
POR NALDY RODRÍGUEZ
COMISIONADA PRESIDENTA DEL INSTITUTO VERACRUZANO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
PAL