Desde hace mucho tiempo, el estado de Chiapas ha sido un territorio con desigualdades muy pronunciadas, amplios rezagos económicos, así como de infraestructura. A la par de este triste panorama, se debe añadir una historia de injusticias sociales, económicas y hasta políticas, en contra de la población indígena.
Una muestra de ello se dio en la aún impune matanza sucedida en Acteal, en 1997. Pese a esto, Chiapas es un estado lleno de riqueza natural sinigual. En los últimos seis años, grupos de la delincuencia organizada han invadido los territorios de Los Altos. Las tierras habitadas por comunidades indígenas empezaron a ser víctimas de saqueos, extorsiones, amenazas y asesinatos.
Muchos pobladores han comentado que el hostigamiento continúa obligando a familias enteras a dejar sus hogares, y junto con ello su forma de vida. Mientras, las reacciones a la presencia de los grupos armados —grupos civiles de autodefensa, despliegue de las Fuerzas Armadas, denuncias ante la Segob— han sido en vano y la tensión sigue escalando.
Alrededor de dos mil personas se han convertido en desplazados. Al respecto, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, ha denunciado que las balaceras se concentran en la región de Pantelhó y Chenalhó, ante “la omisión del Estado de atender la situación”.
¿Qué se puede esperar ante un vacío en el ejercicio del uso de la fuerza, en este sitio? Que alguien decida ocuparlo a través de cualquier medio y eso es lo que justamente está sucediendo.
En este punto es importante recordar que dicha situación pareciera ser un reflejo de lo que se vive en Michoacán, ya que un grupo de civiles de Los Altos se organizó y mediante un comunicado decidió presentarse como grupo El Machete. Su misión es “expulsar a los sicarios, a los narcotraficantes y a la delincuencia organizada”. Así empezó justamente el fenómeno de la violencia en tierras michoacanas y hasta ahora no tiene fin.
Este nuevo grupo armado de autodefensas logró conseguir su armamento al extraerlo de un convoy de la Guardia Nacional. Mientras tanto, la Fiscalía local sigue investigando el enfrentamiento entre los grupos civiles y las autoridades que dejaron un saldo de nueve elementos heridos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Policía Estatal. Por su parte, las asociaciones civiles reportan asesinatos de indígenas cada semana a manos del crimen organizado.
Las Abejas de Acteal han revelado el presunto vínculo de los delincuentes con las autoridades municipales. En el escrito que presentaron el 26 de junio ante la secretaria de Gobierno, Victoria Cecilia Flores, los pobladores señalaban que durante el proceso electoral del 6 de junio, poblados enteros fueron amenazados para votar de acuerdo con los intereses de los grupos criminales.
Urge la intervención de los cuerpos de seguridad e inteligencia federales. Es crucial para desarticular y poner tras las rejas a estos delincuentes que azotan la región la coordinación de los tres órdenes de gobierno. No más vacíos de poder, México lo demanda.
POR LUIS MIGUEL MARTÍNEZ ANZURES
PRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
MAAZ