TIEMPO DE INFRAESTRUCTURA

Obras y sustentabilidad

Es un deber y una obligación tanto para el poder ejecutivo como para el legislativo considerar como parte de su agenda la incorporación del principio ecológico en toda obra pública

Ernesto Beltrán Nishizaki / Columna invitada / Opinión El Heraldo de México
Escrito en OPINIÓN el

La infraestructura es pilar fundamental para el crecimiento económico de cualquier país. Por regla general, cada uno de ellos tiene como objetivo generar beneficios a las localidades o comunidades en las que se llevan a cabo; sin embargo, el desarrollo también implica impactos importantes e irreparables, entre ellos al medio ambiente. 

De acuerdo con los Principios Internacionales de Buenas Prácticas para la Infraestructura Sostenible publicados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU)en este año, los proyectos de infraestructura en construcción u operación son responsables directos de 70 por ciento de los gases de efecto invernadero y de importantes impactos negativos en la biodiversidad.  

Los datos alarmantes publicados por expertos de todas las regiones del mundo y las proyecciones derivadas de los efectos adversos por las altas emisiones de gases de efecto invernadero, el uso irracional de recursos y el cambio climático, deberían obligar por un lado al Estado mexicano a replantear los principios rectores de la contratación pública en proyectos de infraestructura y a los contratistas a promover nuevas formas de ejecutar la obra pública.

Los principios rectores en la obra pública hoy en día son: precio, calidad, financiamiento y oportunidad, los cuales están consagrados en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; sin embargo, no se ha previsto la incorporación de uno nuevo, que es el de la sustentabilidad, misma que está entendida, de acuerdo con la ONU, como “desarrollo que satisfaga las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”. En otras palabras, permitir a las generaciones futuras contar con los recursos suficientes para desarrollarse de igual o mejor forma que la nuestra.

Bajo esa premisa, el Estado mexicano debe apostar por infraestructura sustentable, ya sea a través de una reforma constitucional, a las leyes secundarias o mediante la inserción de requisitos que lo salvaguardan o privilegien durante el procedimiento de contratación. 

Por dar algunos ejemplos, durante la vida de todo proyecto (planeación, contratación, procura, construcción, operación y desmantelamiento)  deben integrarse componentes de sustentabilidad como son: a) mejores salarios al personal para buscar reducir la brecha de desigualdad; b) privilegiar insumos nacionales con el objetivo de reducir la huella de carbono derivado del transporte; c) planeación del proyecto con una visión a largo plazo, considerando potenciales riesgos por desastres naturales o proyecciones de los efectos del cambio climático; d) utilizar nuevas tecnologías que permitan reducir el consumo de recursos naturales o el uso más eficiente; e) potencializar la economía circular mediante uso de material reciclado de forma segura, sin comprometer la seguridad de la infraestructura, usuarios o personal de construcción. 

Hoy en día, las nuevas obras de infraestructura deben considerar a la sustentabilidad ambiental como elemento principal. El criterio estrictamente económico ha servido en décadas como factor fundamental para realizar más edificaciones con un presupuesto limitado; pero, los retos actuales y futuros obligan a cambiar el paradigma, incorporando ante la necesidad de atender la emergencia climática el principio de la sustentabilidad como el rector de la contratación pública, en aras de un mejor México para las siguientes generaciones. 

Es un deber y una obligación, tanto para el Poder Ejecutivo como para el Legislativo considerar a la brevedad, como parte de su agenda, la incorporación del principio de la sustentabilidad en toda obra pública, sin importar el mecanismo de la adjudicación, dejando a un lado al precio como el elemento preponderante.

Es relevante señalar que, en el futuro, en países desarrollados se deberá cumplir con requisitos ambientales y comunitarios asociados a mitigar en toda obra; de no ser así, tendrán impactos adversos, como podría ser la inclusión de cargas tributarias, tasas de interés mayores o incluso la imposibilidad de adquirir un crédito.

Debemos reflexionar si en realidad los proyectos de infraestructura en México conllevan un beneficio a largo plazo. Hoy, muchos sólo lo generan de forma inmediata. Las comunidades aledañas a sitios de trabajo viven en las mismas condiciones sin perspectiva de un mejor futuro; en otros casos, en aras de un supuesto progreso se afecta de forma irreparable al medio ambiente o se pone en riesgo el proyecto al comprometer la calidad para lograr el menor precio posible.

POR ERNESTO BELTRÁN NISHIZAKI

ASOCIADO DE GALTEC ASESORES

@ERNESTO_BN

PAL