Los números están ahí, para quien quiera analizarlos con objetividad. Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), los homicidios dolosos, el principal indicador de la violencia en el país, registran una ligera tendencia sostenida a la alza. El total de personas asesinadas entre enero y mayo del presente año fue de 14,243 personas. De mantenerse la misma tendencia, 2021 finalizará con un número similar o ligeramente superior a 2020, que fue de 36,476 homicidios. Una tasa anual de 29 asesinatos por cada 100 mil habitantes, de las más elevadas del mundo. Se confirma que la pandemia no tuvo impacto en el nivel de violencia en el país. Los criminales no se confinaron. A casi tres años de gobierno del presidente López Obrador, la violencia no cede. En realidad, ha estado aumentando desde 2015 cuando, después de una baja entre 2012 y 2014, el número de homicidios empezó a repuntar.
La estrategia actual no está dando los resultados esperados. Al inicio de su gobierno, el presidente López Obrador aseguraba que habría resultados contundentes en los primeros seis meses. Después pidió un año para mostrar datos positivos. Posteriormente, ya no hizo más promesas. Parece que el gobierno federal se está conformando a la triste realidad de ver a México como uno de los países más violentos del mundo. Violencia homicida que cada día destruye la vida de miles de personas, sobre todo de hombres jóvenes con baja escolaridad. Las organizaciones criminales no han atendido el llamado del presidente a darse “abrazos, no balazos”. Los programas sociales como “Jóvenes construyendo el futuro” o “Sembrando vida”, positivos en sí mismos, tampoco han sido suficientes para evitar que miles se enrolen en las filas del crimen organizado, que hoy controla el 30 por ciento de nuestro territorio, según el Jefe del Comando Norte de Estados Unidos, General Glen VanHerk.
Para algunos, estos números muestran que la Guardia Nacional, creada en 2019, no ha logrado contener la violencia homicida. Más aún, sostienen que la creciente participación de las fuerzas armadas en labores de policía, profundizada desde el gobierno de Calderón en 2007, es la principal causante de esta tragedia. No ven el crecimiento descomunal del crimen organizado. No ven el daño causado por los carteles, ni el poder de fuego que les dio el acceso a un mercado ilimitado de armas de alto poder en Estados Unidos, con el cual han superado a cualquier cuerpo de policía civil. No ven que las fuerzas armadas fueron llamadas por los civiles a suplir a policías municipales, estatales y federales que fueron rebasados por el crimen organizado.
Los que acusan a las fuerzas armadas, tampoco ven que el estado mexicano ha llegado siempre incompleto a la lucha contra el crimen organizado y la violencia. Las estrategias de los gobiernos pasados, cuando las hubo, nunca contemplaron todos los componentes que significa atender el reto de la seguridad en México. Nunca ha habido una estrategia integral del estado mexicano que atienda todos los eslabones de la cadena: cuerpos de policía capacitados para prevenir la delincuencia, e investigar y detener a los criminales. Ministerios públicos capaces de demostrar, frente a los jueces, la culpabilidad de esos criminales, de forma que reciban sentencias firmes por sus faltas, y jueces capaces de emitir esas sentencias para interrumpir y desarticular sus actividades. Centros penitenciarios que funcionen como tales, y no estén comprometidos con las mismas organizaciones criminales. Se requiere un enfoque sistémico para un problema que tiene esa dimensión. Se requiere el fortalecimiento coordinado, paciente y estructural de todas nuestras instituciones involucradas en la seguridad pública.
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Lo que ha estado ausente es una estrategia integral, de todo el estado mexicano, para desarticular a las organizaciones criminales que contemple todos los aspectos, y no sólo uno de ellos, en este caso un cuerpo de policía federal. Mientras las políticas de seguridad pública se concentren en ese eslabón, lo más seguro es que los resultados seguirán siendo los mismos: violencia homicida, corrupción, impunidad. No importará si son civiles o militares. Se necesita crear un sistema nacional de seguridad pública integrado, que devuelva la iniciativa a las autoridades legítimamente electas por el pueblo, en que los criminales sean los acosados, y no al revés, como se evidenció en las recientes elecciones. Si permitimos que la podredumbre siga avanzando, pronto nos inundará a todos.
El presidente López Obrador anunció que propondrá al Congreso una reforma trascendente: integrar a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Se trata de un cambio radical en su antigua posición de enviar a sus cuarteles a las fuerzas armadas. Seguramente el giro es resultado de golpes de la realidad. El presidente puede desaparecer una policía federal y crear una guardia militar, pero no puede quedarse sin nada, ni depender de los cuerpos de policía locales o estatales. Las Fuerzas Armadas nacionales están entre las instituciones más sólidas y confiables del país.
Si la reforma llega a ser aprobada por el Congreso, tendremos tres cuerpos militares, Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional bajo un mismo mando, el Secretario de la Defensa Nacional, acompañado de una Secretaría de Marina. Para algunos se trata de un inaceptable nivel de militarización de la seguridad pública. Lo cierto es que ese esquema ha existido, y existe en muchos países democráticos como España, Italia, Francia, Chile y Colombia, donde los cuerpos nacionales de policía dependen de los ministerios de defensa, aunque se subordinan a la política de seguridad pública que dicten las autoridades civiles, a través de los ministerios del interior o de justicia. Además, en esos países siempre están encabezados por ministros de defensa civiles. No se mandan solos, como en otros países como Cuba, Egipto, Pakistán o Venezuela.
Esa reforma, junto con las nuevas tareas que el presidente ha otorgado a las fuerzas armadas (construcción y operación de aeropuertos, vías férreas, administración de aduanas, construcción de sucursales bancarias, entre otras) trastoca los equilibrios que han existido en las relaciones entre civiles y militares desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Si el cambio se concreta, será necesario considerar la supervisión civil a las tareas de seguridad pública que se den a la Guardia Nacional. La política en materia de seguridad pública debe ser implementada por la Secretaría de Seguridad Ciudadana, con la participación de la Guardia Nacional. Pero para contar con una estrategia sistémica de seguridad pública, será necesaria una Secretaría que cumpla las funciones de un Ministerio de Justicia, encargado de coordinar una política integral en materia de justicia con el poder judicial, los estados y los municipios.
POR MIGUEL RUÍZ CABAÑAS IZQUIERDO
DIRECTOR DE LA INICIATIVA DE OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) EN EL TEC DE MONTERREY
@MIGUELRCABANAS
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