Conforme se acerca el día de la elección del 6 de junio, es cada vez más urgente preguntarnos ¿Cuál es el escenario político que enfrentará el país al día siguiente de los comicios?
Los indicios son preocupantes. La sociedad despertará el 7 de junio atenta a la conducta de un partido-Morena-que nunca ha aceptado sus derrotas. Formado en las calles y en la disidencia, Morena se comporta como un movimiento violentamente opositor al sistema electoral, a pesar de haber accedido al poder por las urnas.
El comportamiento que mostró Morena ante la descalificación del excandidato Salgado Macedonio, cercando al INE y amenazando con agredir personalmente a los Consejeros Electorales, es apenas un pequeño presagio de la respuesta que dará Morena a sus múltiples derrotas que teme sufrir el 6 de junio.
Y vaya que Morena verá disminuida su presencia en la Cámara de Diputados y en muchos gobiernos estatales y municipios y/o alcaldías del país. Los resultados de las encuestas-todas sin excepción, aunque con números distintos-dan cuenta de la pérdida progresiva de apoyos a ese partido en todo el país conforme se acerca el 6 de junio.
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Simplemente hay que comparar las encuestas de octubre del año pasado con las más recientes de principios de mayo para confirmar la declinación electoral del partido oficial. En octubre Morena ganaba 14 de 15 gubernaturas holgadamente y retenía la mayoría calificada en la Cámara de Diputados.
En mayo de 2021 esa situación ha cambiado radicalmente. En el mejor de los casos el partido oficial puede ganar de 6 a 7 gubernaturas. Y aún faltan casi 30 días en los que el estado de ánimo social cambiante sigue moviéndose contra Morena. Referente a la Cámara de Diputados el partido oficial seguramente verá reducida su mayoría, incluso con la posibilidad de verse rebasado por el bloque compuesto por PAN, PRI y PRD.
En primer lugar, es una verdad histórica que cualquier partido gobernante pierde en promedio un 5% de sus votos en la elección intermedia, como castigo por decisiones tomadas como gobierno. Pero además, en este caso, con la decisión del INE de acotar la sobrerrepresentación, Morena pierde automáticamente 8% de sus representantes (se excedió en 8% en 2018).
Es decir, Morena entra a la elección habiendo retrocedido en 13% de sus apoyos. Junto con ese retroceso, se ha visto con el cambio radical en la correlación de fuerzas que registran las encuestas, donde el estado de ánimo social tiende a inclinarse a favor de la coalición Va Por México y en contra de Morena.
Lo que está por verse es cómo este cambio afecta los resultados del 6 de junio. Además, ocurren eventos inesperados que definen un sexenio, como la tragedia en la Línea 12 del Metro, que le puede quitar entre 6 y 7 puntos a Morena en la Ciudad de México, y entre 3 y 4 puntos a nivel nacional, según indican las primeras encuestas. Estudios recientes colocan a Morena en 40% a nivel nacional y la coalición Va Por México en 42%.
Con estos resultados es factible que la coalición opositora obtenga más curules en la Cámara de Diputados que Morena. Otras encuestas colocan a Morena en 28% y la coalición en 32%. Es decir, a pesar de los datos diferenciados, las tendencias son las mismas: la coalición opositora está rebasando a Morena en prácticamente todas las encuestas.
Comprueban la caída de las preferencias electorales por Morena a nivel nacional y el crecimiento favorable hacia la oposición. Estos son buenos datos para la democracia mexicana porque indican que una mayoría de ciudadanos están a favor de un gobierno dividido y ven como saludable para el país la existencia de los contrapesos.
Es decir, es un apoyo a un gobierno institucional y democrático, donde los Poderes deben dialogar entre sí cotidianamente para buscar consensuar políticas presupuestarias, públicas y administrativas.
Sin embargo, hay datos preocupantes que contradicen una visión optimista del resultado del 6 de junio porque México padece a un Presidente empeñado ciegamente en su proyecto de imponerse como el mandatario absolutista que dirige no sólo al Poder Ejecutivo, sino también los Poderes Legislativo y Judicial a su antojo. Y aquí es donde se encuentra el quid de la crisis que se avecina en México a partir del 7 de junio.
México, para su desgracia, tiene un Presidente que, cuando no gana, arrebata lo ajeno. Ensayaron el método con sus recientes ataques al INE, llegando incluso a cercar físicamente a la institución como medida para obligarla a dar a Morena, por la fuerza, lo que no le correspondía por ley.
AMLO no va a aceptar su inminente derrota: su historia política así lo demuestra. Lo que no gana legalmente, intenta tomarlo por la fuerza. Esto explica que, desde ahora, viola la ley todos los días comentando las elecciones en las mañaneras, atacando a la oposición y apoyando a Morena.
En sentido estricto, y desde el punto de vista de la ley electoral vigente, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales debiera proceder de inmediato contra el Presidente. ¿Alguien ha visto al Fiscal José Agustin Ortíz Pinchetti actuar en defensa de la ley?
Por supuesto que no, es empleado del Presidente, no es un Fiscal autónomo. Esconde la cabeza y, consecuentemente, es culpable de avalar la destrucción del marco legal vigente en México. Los ataques presidenciales al INE son actos preventivos. Está construyendo una narrativa sobre un “fraude electoral” para justificar lo que ve venir: el retroceso de su partido.
Para él, cualquier regresión, grande o pequeña, es una derrota inaceptable cuando considera que pone en riesgo su “gran obra de transformación” del país. Esa transformación que nadie ve y muchos, quizá una mayoría, no comparten. A partir del 7 de junio es previsible una agravamiento de la polarización política y social del país, encabezada por el Presidente.
Su objetivo será desviar la atención de su derrota electoral, para centrarse en un supuesto “fraude electoral” de las fuerzas oscuras y conservadoras del país. Morena se movilizará, buscará cercar las oficinas nacionales y estatales del INE para presionar con la extrema judicialización de los resultados electorales, distrito por distrito, municipio por municipio y gubernatura por gubernatura.
La amenaza de Ricardo Monreal de “impulsar una reforma al INE si perdemos las elecciones” lo dice todo. Están preparados para derrotas en las urnas, mismas que, desde ahora, anuncian que no van a aceptar. ¿No van a aceptar el veredicto de las urnas, cuando sí lo aceptaron en 2018?
Es una postura antidemocrática y dictatorial que se deja entrever con esta posición. No aceptar los resultados electorales y tratar de revertirlos con movilizaciones violentas pone en grave riesgo la estabilidad social y política del país. Es aquí donde el mismo Presidente y su partido se convierten en un grave riesgo de seguridad nacional.
Todo el ambiente que crean habla de la disposición a arrastrar al país a una situación de caos y, eventualmente, de violencia. Esa será la consecuencia de su determinación de imponerse por las buenas o por las malas. El Presidente quiere tratar de impedir que opiniones internacionales intervengan en su plan de imponerse en los meses post 6 de junio y antes del 1 de septiembre, cuando toma posesión la nueva Cámara de Diputados.
Por eso está creando un conflicto artificial con el gobierno de Biden sobre “financiamiento a la oposición” para escalar el conflicto en todos los terrenos: nacional e internacional. AMLO juega a subir las apuestas al máximo para, así, ganar la partida del poder, si no es vía las urnas, será vía la violencia.
Cuando el Presidente acusa que “alguien” está preparando un golpe de Estado, es porque él está cavilando la posibilidad de organizar un golpe de Estado. Así de grave es la situación. Así se ve el 7 de junio.
POR RICARDO PASCOE PIERCE
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