Diariamente cerca de 4.6 millones de pasajeros se movilizan en el Metro de la CDMX. En los nueve vagones que posee cada tren del Metro de la CDMX caben mil 530 personas, 360 sentadas y mil 170 paradas.
Sin embargo, en las horas pico se estima que el cupo sea sobrepasado por los usuarios, debido a la concentración de individuos en los andenes. Con dichos antecedentes, la noche del lunes 3 de mayo del presente año, alrededor de las 21 horas, dos vagones del Metro se desplomaron hacia la avenida Tláhuac, al colapsarse una viga que sostenía un puente de la Línea 12, ubicada entre las estaciones Olivos y Tezonco.
Muchas ya habían sido las denuncias que múltiples vecinos de la zona habían efectuado a través de redes sociales, para evidenciar las pésimas condiciones en las que se encontraban las columnas que soportaban este tramo de paso del Metro, tras el sismo de 2017.
El problema es que nadie hizo caso de tales denuncias. Los resultados de la omisión de tales llamados de auxilio aún no paran. Hasta ahora las autoridades de la capital del país han confirmado 25 personas muertas y 77 hospitalizadas. Esta cifra seguramente cambiará en las próximas horas.
Te podría interesar
Aunado a lo anterior, la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum ha declarado que existirán dos peritajes para tratar de explicar lo sucedido. Uno, efectuado desde la Procuraduría de Justicia capitalina, y otro, efectuado desde el extranjero. Habrá que estar pendientes de los resultados.
Pero más allá de la información que hasta ahora ha logrado conocerse, lo que las investigaciones efectuadas por los expertos en el tema y las autoridades sancionadoras lleven a cabo es crucial para sentar un precedente histórico en materia de la transparencia y el combate a la corrupción en México.
No se trata de linchar y cortar la cabeza de algún servidor público sólo para saciar la sed de justicia, sino de instrumentar, de una vez por todas, un sistema que logre rastrear con base en la información obtenida la verdadera causa de tan lamentable hecho, y en el mismo sentido, sancionar a los culpables.
La pena tampoco deberá estar sometida a ninguna filia ni fobia política, sino al escrupuloso sentido de la justicia y la aplicación de la normativa existente. Es así como el Estado de Derecho funciona y los países con mayores niveles de credibilidad en sus instituciones consolidan su legitimidad política.
En México aún hay mucho por construir en este sentido, es evidente que la visibilización de los gastos y las empresas que participan en cualquier obra pública aún no han logrado un grado de certidumbre lo suficientemente efectivo, como para pensar que la transparencia y la rendición de cuentas se ha consolidado en la esfera pública nacional.
Muchos son los casos que podríamos citar en este sentido. Lo que está por venir en los días y las semanas subsecuentes a este lamentable hecho será una guerra política que no dejará grandes resultados en materia de impartición de justicia, sino de espectáculo electoral. La ciudadanía quiere resultados.
Por LUIS MIGUEL MARTÍNEZ ANZURES
PRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
maaz