A raíz de un ataque de ransomware que provocó la semana pasada el cierre del gasoducto Colonial por varios días, la red más grande de combustible de Estados Unidos, provocando la escasez de gas, compras de pánico similares a la crisis petrolera de 1970 y un aumento de precios en las gasolinas, que superaron los tres dólares por galón, por primera vez desde 2014, se debate sobre la necesidad de que el gobierno estadounidense refuerce la regulación de las empresas privadas para subsanar vulnerabilidades en su infraestructura clave, que ha puesto en jaque su seguridad energética.
The Economist, en su última edición, ilustra cómo este ataque cibernético tomó por sorpresa a los estadounidenses, quienes no piensan en la seguridad de las subestaciones, al considerarlas como algo aburrido, hasta que de repente tuvieron que hacerlo.
Lo que inició como un simple acto de extorsión, por parte de un grupo delictivo que se cree opera desde Europa del Este, terminó cortando los suministros del gasoducto Colonial, que se extiende desde Texas hasta Nueva Jersey y surte alrededor de 45 por ciento de la gasolina, diésel y combustible de aviones para la costa este.
En las reuniones en la Casa Blanca, se analizó si era un acto estrictamente criminal u obra del gobierno ruso, usando un grupo delictivo de forma encubierta.
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Joe Biden, quien ha reconocido que no tiene pruebas al respecto, firmó una orden ejecutiva sobre ciberseguridad, y puso en marcha un grupo de respuesta interinstitucional para restablecer y asegurar un flujo continuo de combustible, así como para proteger la infraestructura estratégica.
La Comisión Federal Reguladora de Energía señaló la necesidad de que el gobierno obligue a las empresas de oleoductos a adoptar los estándares del sector eléctrico; por su parte, la titular del ramo energético, Jennifer Granholm, dijo que la seguridad de los oleoductos debe considerarse en la propuesta de infraestructura de 2,3 billones de dólares del presidente Biden.
También se relajaron las reglas para transportar en camiones gasolina y combustible; la Agencia de Protección Ambiental, suspendió temporalmente las reglas de aire limpio en áreas urbanas; Georgia, Carolina del Norte y Florida declararon estado de emergencia, haciendo excepciones en las regulaciones para los suministros.
Ante estas medidas extraordinarias para restablecer la seguridad energética en Estados Unidos, resulta paradójico, contradictorio y aberrante que empresas estadounidenses como Finley Resources Inc. MWS Management Inc. y Prize Permanent Holding interpusieran una demanda arbitral por la reciente reforma de la Ley de Hidrocarburos, que justamente prevé acciones para resguardar a México ante amenazas y peligros inminentes para la seguridad nacional, la seguridad energética o la economía nacional, permitiendo al Estado mexicano, ante escenarios de desabasto, contar con los mecanismos necesarios para mantener la suficiencia energética del país.
POR MANUEL RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
DIPUTADO FEDERAL/ PDTE. DE LA COMISIÓN DE ENERGÍ
dza