El tema laboral, y particularmente la reforma en la materia, derivada del tratado comercial entre México, EU y Canadá (T-MEC), brilló por su ausencia en la reciente conversación que sostuvieron Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador. Para muchos podría ser un asunto con poca relevancia; sin embargo, es más importante de lo que parece.
De su implementación dependerá, en gran medida, el desarrollo de México, sumido hoy en una de las peores crisis económicas por la pandemia y el errático manejo del gobierno. No obstante, parece que en la 4T andan más preocupados por otros asuntos, como la designación de candidatos (esa sí es pura politiquería) y no por cosas que marcarán un antes y un después en el desarrollo de los mexicanos, y la relación con los vecinos del norte.
Ya pasaron ocho meses de la entrada en vigor del T-MEC y, por lo menos de aquel lado de la frontera, esperan que la 4T materialice todos los compromisos adquiridos, como un piso parejo en condiciones laborales. Recordemos que Biden llegó con la promesa de un aumento salarial de 15 dólares en EU, mientras que en nuestro país llega apenas a 141 pesos diarios, lo cual no representa ni la tercera parte.
Por estar más ocupados en atender a ninis y a otros sectores “desprotegidos”, por no decir posibles votantes, la STPS, encabezada por Luisa María Alcalde, dejó pasar dos años y apenas empezó el diálogo para implementar la Reforma Laboral. Uno de sus pilares es lo relativo a la democracia sindical, marcado esto como una prioridad en el T-MEC, para que los sindicatos cuenten con contratos colectivos reales, a través del voto libre y directo, y el llamado procedimiento de legitimación. Al respecto, conversé con la abogada Pamela González Montes, especializada en la implementación de la Reforma Laboral.
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Me explicó que la certificación es un mecanismo para eliminar contratos de protección, pero aún no se tienen procedimientos claros para atender denuncias de los trabajadores. El 4 de febrero, la STPS publicó una enmienda al Protocolo de Legitimación en el que se establecen mecanismos de inconformidad administrativa y no laboral. Los trabajadores podrán presentar quejas sin que existan garantías de imparcialidad, celeridad y claridad en el procedimiento.
Otra preocupación es la función de los inspectores laborales de la STPS, pues sigue siendo una función proclive a la corrupción, debido a que pueden hacer verificaciones a modo. Eso ocurre en Jalisco, en donde funcionarios de la STPS aprovechan “relaciones” con sindicatos y empresas para tramitar constancias de legitimación sin observaciones, situación que, tarde o temprano, le va a explotar a Luisa María Alcalde, con serias consecuencias para lo que viene del T-MEC.
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Y como dice el filósofo… Nomeacuerdo: “Toda reforma, aun cuando sea necesaria, será llevada por los espíritus mediocres hasta un extremo tal que, a su vez, necesite ser reformad”.
POR ALFREDO GONZÁLEZ CASTRO
ALFREDO@ELHERALDODEMEXICO.COM
@ALFREDOLEZ
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