Una de las industrias menos transparentes y más poderosas de México es la de transporte terrestre de pasajeros. Las empresas que la integran no son muchas, se trata de grupos concentrados que tienen varias marcas subsidiarias y calidades diferenciadas. Millones de mexicanos se transportan por autobús desde hace décadas. Varias veces se ha querido desregular este sector, para reducir las barreras de entrada e incrementar la competencia en las rutas e itinerarios.
Pero, al parecer lo anterior ha sido un fracaso. Ayer la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), que encabeza Alejandra Palacios, dio a conocer que ha emplazado a 18 empresas y a 31 personas físicas por posible colusión en la que habrían acordado fijar precios y repartirse el mercado. La investigación de la autoridad antimonopolios se centró en mercados del centro, sur-sureste, centro-sur y Tamaulipas.
La Cofece no reveló si investiga o no a empresas como Pullman de Morelos, de José de Jesús Rosillo; Grupo ADO, de José Antonio Pérez Antón; o Grupo IAMSA, de Roberto Alcántara, pero todas son conocidas por dominar rutas y los itinerarios que conectan a zonas del país donde la autoridad puso la lupa.
A diferencia de las tenues sanciones que se solían poner en el pasado, los castigos ahora son mucho más severos si se comprueba la colusión de agentes económicos en detrimento del consumidor. La Cofece señaló que “las prácticas monopólicas absolutas pueden ser multadas hasta con 10 por ciento de los ingresos de los agentes económicos sancionados. Adicionalmente, las personas físicas que las cometieron pueden enfrentar un procedimiento penal que conlleva sanciones de entre 5 y 10 años de prisión”. En otras palabras: la Cofece detonó una verdadera bomba en el mercado de autobuses de transporte, y más valdría que todo el sector eleve de una vez por todas sus estándares industriales que durante tantos años han sido tan opacos. Hasta ahora.
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Por CARLOS MOTA
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