Hoy México enfrenta, como pocas veces en su historia, una encrucijada acerca del rumbo esencial que debe seguir como nación. La disputa es entre la idea de un sistema político plural, institucional y liberal que se enfrenta a la propuesta-temporalmente hegemónica-de un sistema unipersonal, discrecional y antiliberal.
No es un debate entre neoliberalismo y economía popular, ni entre liberales y conservadores del Siglo 19. Tampoco entre chairos y fifis. Es una disputa entre democracia o autoritarismo, libertad contra subordinación.
El liberalismo moderno plantea que la sociedad política debe organizarse en torno a principios republicanos, plurales y democráticos, donde las instituciones servirán para vigilar la conducta y el desempeño de los gobernantes, sean del partido que sean. Los Poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo, Judicial) deberán actuar, entre sí, como complemento en el proceso decisorio y como contrapesos leales a la ley y el orden constitucional. Los Poderes del Estado deben poner a las leyes en primer lugar, y luego a los intereses particulares o los partidos políticos.
Recorre el mundo la propuesta de un sistema político antiliberal que profesa la necesidad de gobernantes fuertes, con sesgos autoritarios y de preferencia con tintes mesiánicos o religiosos que tocan las fibras de miedo que sienten sectores de la población ante la incertidumbre económica, política, social, cultural y de desplazamientos de grandes franjas de poblaciones foráneas. En la propuesta antiliberal el poder político es el usufructo de una camarilla que suple a la población, pues considera que la representa.
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La reciente aprobación de una Ley de la Industria Eléctrica es el ejemplo más preciso de este fenómeno de la propuesta antiliberal. En primer término, el Poder Ejecutivo determinó que necesitaba una ley de regulación del sector eléctrico que violentaba todas las estipulaciones legales que existen en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) y en la legislación que de ella emana en referencia a la industria. Centralmente la iniciativa elimina la libre competencia y los mecanismos para asegurar que la electricidad se contrate al precio más bajo.
Además la iniciativa propone, al favorecer a la empresa estatal sobre la iniciativa privada, al estipular que es la CFE el principal generador de electricidad, a pesar de hacerlo con recursos no-renovables, principalmente el combustóleo y carbón. Así, la iniciativa desincentiva el desarrollo y uso de tecnologías que favorecen el uso de recursos renovables para la generación de energía en México. Por si fuera poco, la iniciativa ataca frontalmente los compromisos nacionales e internacionales en materia de protección al medioambiente y el combate al cambio climático.
El Poder Ejecutivo remitió la iniciativa al Congreso de la Unión para su discusión y aprobación o rechazo. La condición fue que se tenía que aprobar tal y como llegó, sin cambiarle ni una sola coma. Y así actuó la manada morenista en la Cámara de Diputados y el Senado. Sin considerar, por ejemplo, que lo que se aprobaba violentaba no sólo la CPEUM sino también el T-MEC, los Acuerdos de París y el recientemente firmado Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. Es decir, todos los marcos jurídicos aprobados y firmados por sucesivos gobiernos de México, incluyendo el actual.
Los legisladores claudicaron en su función reguladora y de contrapeso al Poder Ejecutivo, al no atreverse a señalar lo obvio: que la iniciativa presidencial era, a todas luces ilegal y contraviene acuerdos y contratos firmados con empresas privadas nacionales y extranjeras en materia de generación de energía eléctrica. Pero esa es la conducta del modelo político antiliberal: subordinarse al Ejecutivo autoritario sin discusión y llenos de temor.
Luego de aprobarse la iniciativa de ley, pasó a manos del Ejecutivo quien la firmó y se publicó en el Diario Oficial. Acto seguido sucedió lo que se sabía que iba a suceder.
La iniciativa fue impugnada ante las instancias judiciales correspondientes de parte de varias empresas afectadas. El juez de la causa otorgó una suspensión inmediata a los efectos de la ley y, por supuesto, procederá al estudio de sus efectos legales para decidir si el amparo es definitivo o si se rechaza.
El Presidente inmediatamente acusó al juez de ser traidor a la patria y vendido a intereses particulares. Expresó su furia al ser cuestionado y rechazado. Mostró que su tolerancia a la frustración es prácticamente inexistente. Exigió a la Judicatura revisar los manejos de juez. Y, ¿por qué no habría de exigir, si le ha funcionado en el pasado? Vean la conducta del sumiso y abyecto Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ante los reclamos presidenciales.
El Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo a bien defender al juzgador. Nada más eso faltaba.
Existe una delgada línea entre el México democrático y el autoritario. El futuro puede definirse en este punto. Lo que separa a la democracia del autoritarismo es la defensa del Poder Judicial independiente. Ni más ni menos.
POR RICARDO PASCOE PIERCE
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