Los diputados de Morena pensaron que darían un campanazo con la convocatoria a Santiago Nieto, que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) les daría pormenores de sus investigaciones, esas que propiciaron la solicitud de desafuero contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.
Desde tempranito andaban como castañuelas. Complacerían al Presidente de la República haciendo público el expediente del panista, o cuando menos ventilando partes importantes de éste.
La reunión extraordinaria de la Comisión de Transparencia –que no de la Sección Instructora, como correspondería- se anunciaba incluso abierta para los medios, con una exposición del propio Nieto más una sesión de preguntas y comentarios.
El platillo se antojaba canibalesco.
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Pero luego ocurrió que siempre no, que el encuentro sería cerrado a la prensa. Y después, que Santiago Nieto no podía revelar nada porque violentaría y pondría en riesgo el debido proceso. Y además, que el asunto lo llevaba la Fiscalía General de la República y no la dependencia hacendaria, la UIF.
Un oso, pues.
Alrededor de 20 minutos duró la reunión en la que no se dijo nada. Pero para el coordinador de la bancada de Morena, Ignacio Mier Velazco, justificó la convocatoria a Nieto era importante y necesaria porque, según dijo, había un “interés nacional” en conocer los detalles de la investigación contra Cabeza de Vaca.
Más tarde, desde su cuenta en twitter, Santiago Nieto expondría:
“Acudí a la convocatoria de la Comisión de Transparencia y anticorrupción de la Cámara de diputados y diputadas. Consideramos que no era el momento procesal oportuno para hacer del conocimiento la información diseminada. Esperaré convocatoria, en su caso, de la sección instructora”.
¿El problema entonces fue el “albazo” que intentaron los de Morena y el PT con la convocatoria vía la Comisión de Transparencia y no de la Sección Instructora, como acusaron los panistas?
Eso y más…, diría la comidilla.
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UN LACTARIO CON SU NOMBRE.- ¿Recuerdan los tiempos de la “renovación moral de la sociedad”? Fue en el sexenio de Miguel de la Madrid (1982-1988), hace casi cuatro décadas.
El entonces Presidente de México, luego de los excesos vividos durante el gobierno de José López Portillo, emitió un Acuerdo por el que disponía: “(…) se suprimen los nombres del C. Presidente de la República, de los Funcionarios Públicos, así como el de sus cónyuges o parientes hasta el 2o. grado, en las placas inaugurales de las obras públicas llevadas a cabo con recursos federales”.
Entre sus considerandos se mencionaba que había que pugnar porque la acción de los servidores públicos estuviera motivada por la auténtica vocación de servicio a la comunidad. Y que, en mérito a lo anterior, “las obras públicas no deben ser aprovechadas para exaltar el culto a la personalidad de quienes actúan en el servicio público, durante el tiempo de su encargo”.
¿Qué habrá sido de ese Acuerdo? No estaría de más desempolvarlo en estos nuevos tiempos de transformación en los que, a un lactario, se le pone el nombre de una ministra.
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GEMAS: Obsequio de Agustín Caso Raphael, auditor especial de Desempeño de la Auditoría Superior de la Federación sobre el costo de la cancelación del NAIM: “No vengo a defender a capa y espada una cifra, vengo a poner sobre la mesa las razones por las cuales se presentan con igual validez dos ópticas distintas y a explicar los procesos legales en los que habrán de ventilar estas diferencias, pero que no son verdades excluyentes”.
Por MARTHA ANAYA
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dza