Las cifras dadas a conocer por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre el ejercicio del gasto público en 2019 son escandalosas. Pero es aún más grave que este órgano, que es autónomo, haya tenido que salir a desdecirse a consecuencia de las presiones políticas ejercidas desde la Presidencia.
El boquete en las finanzas públicas identificado originalmente por la ASF tiene la dimensión de un desfalco. Tan sólo en el primer año de la administración encabezada por López Obrador se gastó de forma irregular más de 44 mil millones de pesos del dinero de nuestros impuestos. A esto hay que sumarle el daño al erario por 331 mil millones de pesos —231 mil millones más de lo previsto originalmente— que ocasionó la desastrosa decisión de cancelar el Nuevo Aeropuerto Internacional de México.
Ante la magnitud de este escándalo, el presidente salió a decir lo esperado: que la ASF mentía y que él tenía otros datos. Pasaron entonces apenas unas horas y la ASF empezó a matizar, a decir que revisaría. Debe saber usted, lector, que las auditorías no son ninguna improvisación: pasan por un exhaustivo proceso, con metodologías definidas, y el paso atrás que se está tomando sólo se puede explicar como resultado de presiones. Y es que sus resultados son un dardo mortal para la falsa narrativa de la honestidad y la austeridad.
Por ejemplo, en uno de los programas emblema del lopezobradorismo, “Jóvenes Construyendo el Futuro”, se encontraron manejos amañados por 57 millones de pesos: desde pagos a personas fallecidas y becarios que no cumplen con los requisitos del programa, hasta transferencias a empresas inexistentes. Al mismo tiempo, las auditorías revelan que no se acreditó el pago de pensiones a beneficiarios con discapacidad hasta en un 81.3% de los casos. Más aún, se detectaron irregularidades por parte de las secretarías de Salud y Hacienda en la compra de medicamentos.
En cuanto a la refinería de Dos Bocas, la auditoría encontró 75 millones de pesos gastados, pero no acreditados debidamente. Además, dicha obra fue reprobada al considerar que se realiza con prisas y sin estudios suficientes; que está en riesgo de inundarse y está creando daños ecológicos sin planes de mitigación; y cuya rentabilidad financiera está en duda.
Otro caso es el de del Tren Maya. Ahí las auditorías sugieren que el Fondo Nacional del Fomento al Turismo usó datos que sobreestiman la demanda del servicio; es decir, que se exageraron las proyecciones para hacer creer que el proyecto es rentable, lo cual podría generar severos daños financieros. A eso debe sumarse la falta de transparencia en la asignación de contratos, los graves daños ecológicos que está causando y el hecho de que no se consultó debidamente a las comunidades indígenas.
Todos estos datos son reales, pero incómodos. Por eso el embate contra la ASF ha iniciado, tal como ha sucedido con otros organismos autónomos. Pero lo que buscan ahora desde el régimen es aún más peligroso, porque no sólo van por una mayor concentración de poder, sino por mayor opacidad e impunidad ante su manera arbitraria de gobernar. Si la ASF termina efectivamente por doblegarse, los mexicanos habremos perdido uno de los controles más importantes que nos quedan contra el mal ejercicio de gobierno y el abuso de poder.
POR GUILLERMO LERDO DE TEJADA
@GUILLERMOLERDO
avh