Los resultados de la fiscalización de la Cuenta Pública del 2019 de la Auditoría Superior de la Federación a varias dependencias del gobierno federal han provocado molestia y hasta indignación del presidente de la República, sobre todo por las observaciones en algunos de sus proyectos faraónicos. Funcionarios de otras dependencias que también han corrido la misma suerte con la ASF han mostrado la misma actitud de su jefe, pero porque temen que “les den cuello” si se demuestra que hubo algún “chanchullo”.
Los observados tienen ocho meses para realizar las aclaraciones pertinentes y convencer al órgano auditor – con documentos, claro-- que no cometieron ningún acto ilegal; si no lo consiguen puede derivar en una acusación penal. De modo pues que quien nada debe, nada teme.
La que sí debería estar preocupada es secretaria Irma Eréndira Sandoval, no tanto por lo que dice la ASF sino porque los contralores internos que existen en todas las secretarías de Estado, en las paraestatales, en los organismos públicos
descentralizados y en otras dependencias de la Administración Pública Federal, no están controlando nada. Existen a lo largo y ancho del país, más de 200 contralorías internas (OIC) cuyos titulares son nombrados por la Función Pública; son algo así como un ejército que vigila, supervisa, reporta las adquisiciones, los concursos de grandes y pequeñas obras, los proyectos. Todos ellos están por encima de los titulares de las dependencias, a pesar de que se encuentran en la nómina de estas.
En los gobiernos neoliberales, los OIC tenían como principal objetivo – además de las funciones arriba mencionadas-- ejercer venganza política y presionar a los funcionarios incómodos tanto de las administraciones en turno como aquellos que prestaron sus servicios a las anteriores; un regimiento especializado se dedicaba a "chuparles la sangre"; a todos aquellos servidores públicos que no cumplían con la normatividad; los amenazaba con la inhabilitación, y en algunos casos con denuncias penales; les imponía multas, castigos, les fabricaba campañas en los medios de comunicación para desprestigiarlos. A muchos de los acusados no se les comprobaban los actos de corrupción, los fraudes, el daño al erario, o algún otro tipo de delito... porque no siempre existían. Pero todos los funcionarios públicos les tenían miedo. Eran como los “Kaibiles” guatemaltecos en la administración pública federal. Y a pesar de ello, ya vimos los numerosos actos de corrupción en que incurrieron varios funcionarios públicos en el último sexenio de los neoliberales.
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Con cada nuevo gobierno, la Secretaría de la Función Pública cambia a los contralores internos de todas las dependencias. Y parece, nada más parece que en la actual administración la “señito” Irma escogió a puro inexperto.
AGENDA PREVIA
Dicen los enterados que las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación a Segalmex, difícilmente las podrán solventar los funcionarios responsables: son tan graves que nos hacen recordar los trinquetes que cometió en la extinta Conasupo el hermano incómodo de “Carlangas”. ¿Será?
Pues no. Marcos Bucio no será cónsul en Washington.
POR LUIS SOTO
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BGM