Son muchas las historias que podrían contarse de la relación entre Andrés Manuel López Obrador y la Comisión Federal de Electricidad (CFE); posiblemente una de las más emblemáticas tiene que ver con la huelga de pagos a la que convocó hace 26 años en Tabasco, cuando hizo un llamado a sus paisanos a no pagar los recibos de luz como protesta por los altos cobros y el supuesto fraude electoral del que salió triunfante el candidato del PRI, Roberto Madrazo Pintado.
Quizá desde entonces, AMLO se dio cuenta del gran poder político que la CFE conlleva. Y quizá por eso, en la dirección de la segunda empresa paraestatal más grande de México colocó a un aliado político de gran experiencia, como Manuel Bartlett Díaz.
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Perdonado de sus antiguos pecados políticos, Bartlett opera ahora la reforma a las modificaciones a la Ley de la Industria Eléctrica, para favorecer a la CFE y rezagar a los particulares en la producción eléctrica.
El proyecto de decreto no es algo que se haya cocinado al vapor. En realidad se construyó desde la trinchera de la oposición durante la aprobación de la reforma energética en 2013. Muestra de ello es la iniciativa presentada por el propio Bartlett en 2013, cuando formaba parte del grupo parlamentario del Partido del Trabajo (PT) en el Senado de la República.
La iniciativa con proyecto de decreto proponía adicionar los párrafos décimo tercero y décimo cuarto al artículo 4 de la Constitución para garantizar que toda persona tiene derecho al suministro de energía eléctrica suficiente y de calidad y, para que el estado promueva, respete y garantice el suministro de energía eléctrica, a través de una tarifa social justa.
Durante este sexenio el articulo 4 de la Constitución fue modificado. En mayo de 2020, el presidente celebró la aprobación de los párrafos décimo cuarto, décimo quinto y décimo sexto, los que contienen la esencia de este gobierno: las pensiones y becas. ¿Sería extraño pensar que, en pleno año electoral y a costa de la consolidación de privilegiar el discurso sobre los hechos, se esté pensando en afectar el modelo de la industria eléctrica, sobrecargando las finanzas públicas con un avance que ya tiene antecedentes? En política, las casualidades no existen.
La Comisión Federal de Competencia Económica señaló que la propuesta del ejecutivo afectaría el modelo de la industria eléctrica previsto en la Constitución Política, el cual establece un régimen de competencia en los eslabones de generación y suministro. Muchos expertos se han pronunciado en el mismo sentido.
Ojalá no se cumpla lo que el Instituto Mexicano para la Competitividad dice sobre las repercusiones negativas sobre las finanzas públicas, el medio ambiente y los consumidores mexicanos al encarecer el sistema eléctrico y al destruir los prospectos de generación barata y limpia.
Lo cierto es que la dupla AMLO-Bartlett encontró una coinicidencia en su idelogía con un solo fin: controlar las tarifas para mantener a usuarios residenciales contentos a costa de los industriales. Una gran muestra de poder político.
POR CARLOS ZÚÑIGA
CARLOSZUNIGAPEREZ@GMAIL.COM
@CARLOSZUP
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