Se avecinan las elecciones intermedias en México y las redes sociales jugarán un papel determinante. El ciclo electoral que concluyó el mes pasado en Estados Unidos, nos dejó lecciones muy interesantes.
Debido a la pandemia, más de 100 millones de estadounidenses optaron por emitir su voto de manera anticipada y según el Pew Research Center, 62% obtienen la información a través de una red social.
El expresidente Donald Trump utilizó sus distintas cuentas en redes sociales como herramienta para comunicar su ideología a su base electoral y para difundir una campaña de desinformación sobre el proceso electoral, la cual culminó con el ataque al Capitolio el 6 de enero. Dos días después, Twitter decidió suspender su cuenta de manera permanente.
Esto, abrió un debate en muchos países sobre el poder de las empresas tecnológicas y el derecho a la libertad de expresión. Expertos estadounidenses coinciden, que suspender o cancelar una cuenta en una red social no viola la Primera Enmienda de la Constitución, ya que el derecho a la libertad de expresión aplica para actores gubernamentales y no a las empresas privadas. Si bien es cierto que no están reguladas las empresas electrónicas, existe la Ley de decencia de las comunicaciones, la cual se aprobó en 1996. La sección 230 de esta ley, se conoce como las 26 palabras que crearon el internet: los proveedores tecnológicos no son responsables del contenido que sus usuarios publiquen en sus plataformas.
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Según analistas legales, no se viola el derecho de la libertad de expresión a Trump, ya que puede hacer una conferencia de prensa y decir lo que quiera, sin que nadie lo censure. Todos los usuarios de redes sociales aceptan los términos y condiciones para crear una cuenta y las empresas tienen el derecho de suspender su servicio si encuentra que un usuario esta violando el reglamento. Ahora, es interesante que a pesar de que Trump difundió mensajes de odio y racismo durante cuatro años, estas empresas se esperaron hasta que ocurriera un evento violento para cancelar su cuenta.
Queda claro que las empresas tecnológicas deben de ser más transparentes y rendir cuentas para que no operen en total impunidad, y por otro lado, es una realidad que el poder de las redes sociales esta en manos de una cantidad muy pequeña de empresarios.
Viendo todo este relajo con nuestros vecinos del norte, el líder de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, propuso una iniciativa para regular a las redes sociales en México, con miras a las elecciones 2021 y 2024.
Los políticos de nuestro país saben el poder que representan las redes sociales en México y proponen este cambio utilizando el argumento que se debe de proteger la libertad de expresión. El problema que seguramente no tomaron en cuenta es que esta iniciativa puede violar las disposiciones del Capitulo 19 sobre Comercio digital del nuevo TMEC, en el cual viene plasmado la sección 230 de la ley estadounidense. Aunque el Anexo 19A del Tratado indicia que no entrará en vigor esta disposición hasta el 2023 y a sabiendas que, de los 128 millones de mexicanos, 89 millones son usuarios activos en las redes sociales, los senadores morenistas harán lo necesario para asegurar su triunfo este junio, aunque signifique quedar mal una vez más con sus socios comerciales de la región de América del Norte.
Ricardo Monreal, propuso una iniciativa para regular a las redes sociales en México, con miras a las elecciones 2021 y 2024.
POR LILA ABED
POLITÓLOGA E INTERNACIONALISTA
@LILAABED
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