En la vida democrática de México nunca habíamos visto una lucha tan encarnizada por una consulta popular inútil que, bajo el pretexto de la participación ciudadana, el partido en el poder y el presidente mexicano exigen se realice sólo para posicionar la imagen presidencial y de su partido rumbo a las elecciones para renovar seis gubernaturas en el año 2022. La consulta que se pretende para revocarle el mandato al presidente en turno, lejos de ser un ejercicio democrático, es nada más y nada menos que un ejercicio propagandístico a cargo del erario, a través de los recursos asignados al Instituto Nacional Electoral. Debe usted saber que más allá de gastar tres mil 800 millones de pesos, o mil 500 millones como lo ha exigido al INE la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el argumento del cumplimiento de la Constitución, sea cual sea el resultado de la consulta, Andrés Manuel López Obrador no dejará el poder y lo ostentará hasta el 30 de septiembre de 2024. Estas son las razones. Será casi seguro que la participación en ese ejercicio programado para el domingo 10 de abril, dicho sea de paso, aniversario luctuoso de Emiliano Zapata, será sumamente baja. Es muy probable que la participación no llegue ni al cinco por ciento del padrón electoral. De ese pequeño universo de mexicanos que acudirán a las urnas a emitir su opinión, es prácticamente seguro que la mayoría, voto duro de Morena, elijan la opción para que el presidente continúe. Ya les compartía en una entrega anterior que ese mecanismo lo trae muy aceitado el partido en el poder, derivado de las prácticas del antiguo PRI. En el caso muy remoto de que los poquísimos participantes en la consulta optarán por la opción de revocarle el mandato al presidente mexicano, inmediatamente se acogería al principio de “Irretroactividad” consagrado en el artículo 14 de nuestra Constitución vigente que establece en su primer párrafo: “A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna”. Fue apenas el tres de septiembre de este año que el Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular el dictamen por el que se expidió la Ley Federal de Revocación de Mandato. Una ley que en su espíritu busca que los ciudadanos exijan participar en una consulta para que, en un tiempo determinado, se decida la destitución de un presidente debido a su incapacidad o impericia en el cargo. Pero esta ley se expidió prácticamente a la mitad del actual periodo presidencial por lo que el artículo 14 constitucional protege a López Obrador de una eventual, pero muy remota destitución. Sea como sea, gástese el dinero que se gaste, el actual presidente mexicano se quedará en el cargo. Resulta sorprendente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no haya observado este elemental criterio jurídico que coloca a esta consulta en particular, en una clara inutilidad.
Corazón que sí siente
A pesar de todo lo que hemos vivido este año les deseo que esta Navidad sea la oportunidad del reencuentro y buenos deseos que fructifiquen en 2022. Felicidades.
POR JESÚS MARTÍN MENDOZA
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