Esta semana, el PAN anunció junto con la Secretaría de Gobernación que instalarán una serie de mesas de diálogo para discutir la Reforma Eléctrica. El diálogo en sí mismo no puede ser el objetivo de este ejercicio, eso no es más que un eufemismo típico de nuestra clase política para describir un ejercicio totalmente inútil. No, el objetivo de esta negociación será ver cuál es la reforma que terminamos teniendo.
Lo ideal, pensarán algunos, es que no haya ninguna reforma. Y desde un punto de vista meramente técnico probablemente tengan razón. El argumento es que la reforma del 2013 creó el marco institucional adecuado, sólo no se ha implementado de forma correcta. El problema de esta visión es que no contempla la realidad política. Este es un tema crucial para el Presidente y su gobierno. A pesar de no contar con la mayoría calificada en ninguna cámara, no parece que vayan a desistir. Dada la vulnerabilidad de los partidos de oposición y la cantidad de herramientas con las que cuenta el gobierno para presionarlos, es altamente probable que por lo menos unos acaben cediendo. Acabaremos quizá no con la reforma que presentó el gobierno hace unos meses, pero con alguna reforma del sector. Ante este escenario se vuelve fundamental entender qué sí y qué no ha funcionado de la reforma del 2013 y así poder formular qué cambios pueden incluso ser benéficos para el país.
Uno de los principales cuestionamientos del oficialismo a la reforma de 2013 son los regímenes de autoabasto. El gobierno y sus voceros han usado un argumento eficaz, pero falaz: que las grandes empresas pagan menos por la luz que los hogares mexicanos. Aunque en primer lugar eso no es cierto —los hogares que no son de alto consumo pagan menos que estas empresas por el subsidio— la realidad es que estos contratos, que solo representan 12% de la capacidad instalada en México, fueron justamente eliminados por la reforma de 2013. Los contratos previos siguen existiendo porque son previos y la ley no es retroactiva. Pero la mayoría de estos contratos vencerán en los próximos 3 a 4 años y tendrán que migrar a los esquemas contemplados en la Ley de la Industria Eléctrica.
Una propuesta, que es probable termine siendo parte de la solución política, es acelerar la migración de estos contratos. Más allá de las indemnizaciones implicadas y de las negociaciones sobre la infraestructura donada y las tarifas a aplicarse, esta propuesta —aunque viable— en estos momentos implica un riesgo importante. Es muy probable que los costos de energía de las empresas que tienen autoabasto aumenten con esta migración y estos terminen siendo trasladados a los consumidores generado presiones inflacionarias. Con la inflación más alta de los últimos 20 años quizá no sea la mejor idea. Sin embargo, esto no va a arreglar los problemas de la CFE. La falta de inversión en transmisión y distribución y el pasivo laboral no se van a ir a ninguna parte. Ojalá la discusión y re orientación de la reforma se centren en estos temas y no en falsos debates.
JORGE ANDRÉS CASTAÑEDA
COLABORADOR
@JORGEACAST
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