¿Qué gobierno democrático, sin contar a la administración de Donald Trump, ha recurrido al artilugio legaloide para esconder la verdad a los dueños del dinero, es decir, a la población, las cantidades, destino y rubros en una obra pública? Sí, el de México.
Imaginemos que Peña Nieto hubiera emitido un acuerdo a través de un decreto con la información sobre la Estafa Maestra, como de interés público y seguridad nacional, y ningún mexicano pudiera accesar a esa información.
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Sería impensable, jamás lo hubieran dejado, el primero en señalarlo y reclamar y exigir transparencia hubiera sido el actual presidente, a quien siempre le ha gustado que se aplique la ley y la voluntad del pueblo en los bueyes de alguno de sus compadres.
Es más, la exministra de la Corte y exsecretaria de Gobernación avaló tácitamente dicho decreto. Hoy como senadora apoya un acto cuyo único objetivo es ocultar la dilapidación de recursos y la corrupción que circula la obra pública sexenal.
Estos contratos y gasto, que seguramente comparados con los contratos y negocios alrededor del aeropuerto de Texcoco, hacen de este un modelo de rectitud y legalidad.
Al invocar “interés público y seguridad nacional”, el acuerdo incluye la excepción literal prevista por el artículo sexto constitucional para mantener en reserva información que de otra manera debería ser pública. Eludir la transparencia exigida por la sociedad es muy grave, pero es una cuestión superable mediante el juicio de amparo.
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Eso no es todo, siempre el dinero por delante, el servicio público como negocio jugoso, violando la Constitución, la regla aplicada por el régimen, evitándose las molestias de los distintos procedimientos de contratación establecidos en su artículo 134, imponiendo términos imposibles de cumplir.
Eludir los trámites constitucionales del artículo 134 sí se opone al interés público, mas no al interés de los contratistas y funcionarios públicos.
Por favor alguien explíquele a los mexicanos que la realización de obras públicas no corresponde a ninguno de los supuestos de seguridad nacional definidos por el artículo 3 de la ley de la materia con relación al 73 de la Constitución; por favor, alguien recuérdele a la señora Sánchez Cordero que estudió Derecho.
Ya ni hablemos de la mediocridad y falta de pulcritud en la técnica legislativa. No fundamentan siquiera el interés público ni la seguridad nacional de las obras gubernamentales.
Diego Valadés reflexiona preguntándose: “¿Por qué fue emitido un acuerdo en lugar de enviar una de ley al Congreso?”.
Él mismo contesta: “Porque allí habría encontrado una fuerte resistencia para legislar en contra de la Constitución y, en el caso de ser aprobada, habría podido ser impugnada con éxito ante la Suprema Corte de Justicia”.
Y siguiendo la política actual, el Estado de Derecho es el gran ausente.
Para variar, el que pierde es México.
POR JOSÉ LAFONTAINE HAMUI
ABOGADO
@JOSE_LAFONTAINE
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