Se espera que el próximo 4 de marzo, la Corte de Estados Unidos falle en contra de una de las demandas interpuestas por México contra la venta y distribución de armas en el país.
Aun así, el gobierno mexicano insistirá en el tema, pues si Donald Trump decide catalogar oficialmente a los cárteles mexicanos como terroristas, los vendedores estadounidenses estarían “abasteciendo” a grupos terroristas. Irónicamente, el presidente terminaría disparándose en el pie.
Según un alto funcionario mexicano, la presidenta Sheinbaum confía en que la otra demanda, radicada en Tucson, Arizona, prospere a favor de México. Sin embargo, no hay garantías, dado el poder e influencia de los fabricantes y vendedores de armas.
A pesar de ello, haber puesto el tema sobre la mesa ya representa una ventaja para México, considerando que el presidente estadounidense ha sido un firme defensor de la Asociación Nacional del Rifle (NRA).
Este grupo, que nació como una organización sin fines de lucro enfocada en la caza y los deportes de tiro, se alineó con el Partido Republicano en los años setenta y desde entonces se ha consolidado como un poderoso actor político.
Expertos señalan que la NRA ha utilizado la defensa del derecho constitucional a portar armas para legitimar la venta y el uso descontrolado de éstas, al tiempo que ha ganado influencia en la élite política de EU y en sectores extremistas blancos, especialmente suburbanos.
La NRA ha logrado mantenerse activa y expandirse durante más de 150 años gracias a su capacidad de adaptación a los cambios económicos, políticos y sociales en la Unión Americana.
En cuanto a las demandas mexicanas, Trump ha guardado silencio. Su discurso sigue centrado en acusar a México por el tráfico de fentanilo y el narcotráfico.
Sin embargo, es un hecho innegable que los arsenales del crimen organizado provienen de Estados Unidos. Y en esto, hay una responsabilidad compartida: de aquel lado, porque no tienen empacho en vender armamento de todos los calibres a los capos de la droga; y de este, porque nuestra frontera sigue siendo una coladera por donde todo pasa sin control.
Mientras México no haga su parte, por más demandas que interponga, el problema persistirá y será cada vez más difícil de erradicar, dándole a Trump el pretexto perfecto para seguir con su discurso de intimidación.
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EN EL GOBIERNO DE CLAUDIA SHEINBAUM no hay duda: cualquier arancel que imponga Trump será la sentencia de muerte del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Así lo ha hecho saber el canciller Juan Ramón de la Fuente a Marco Rubio, secretario de Estado de EU.
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EL PERIODISTA SERGIO SOTO, de Coahuila, solicitó a las autoridades estatales y federales no retirarlo del “Mecanismo de Protección a Periodistas”, ya que ha recibido serias amenazas por parte del empresario Rodrigo Arrillaga y de Hugo del Rosal, cuñado del fiscal de Coahuila, Federico Fernández. ¿Y el gobernador del estado, Manolo Jiménez?
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HABLANDO DE GOBERNADORES, el mandatario de Hidalgo, Julio Menchaca, decidió posponer un operativo contra la piratería y el contrabando en el municipio de Tulancingo para no empañar la gira de la presidenta Sheinbaum el pasado 7 de febrero.
Pero no es un tema nuevo, y parece que el mandatario evita a toda costa “pegarle” a un grupo de contrabandistas que opera en su entidad, tan grande como los que existen en la CDMX o el que fue desmantelado en Izazaga 89.
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Y como dice el filósofo… Nomeacuerdo: “El problema no son las armas, sino que las fabrican en Estados Unidos y las disparan en México”.
POR ALFREDO GONZÁLEZ CASTRO
ALFREDO.GONZALEZ@ELHERALDODEMEXICO.COM
@ALFREDOLEZ
MAAZ
