El elefante blanco del Infonavit es tan grande como 650 mil viviendas abandonadas, absurdamente pequeñas, hechas con materiales de mala calidad, sin el mínimo indispensable de servicios básicos y tan alejadas de centros de trabajo que si fueran habitadas, sus ocupantes ocuparían cientos de horas y miles de pesos anuales sólo en transporte. ¿Cómo sucedió eso? Corrupción y complicidades de funcionarios que después se volvieron legisladores u ocuparon otros puestos burocráticos.
En los primeros tres gobiernos de este siglo, así se construyeron 4.8 millones de casas en superficies de 27 a 34 metros cuadrados, impulsadas por créditos del Infonavit, institución con una historia llena de fraudes, desvíos y otros escándalos.
Como botones de muestra, entre 2013 y 2015, 60 mil familias fueron despojadas de sus viviendas en siete estados, con un quebranto de 2 mil 257 millones de pesos que involucró al propio Infonavit y a integrantes del poder Judicial en Nayarit. Entre 2010 y 2021, por lo menos 2 mil 88 mexicanos fueron víctimas de fraudes por 340 millones de pesos mediante robo de identidad, de sus ahorros para vivienda y créditos que no recibieron pero sí fueron obligados a pagar.
La reforma al Infonavit aprobada al inicio del mes por la Cámara de Diputados no es vista en general como una solución sino, de hecho, como la puerta a problemas mayores. Sin embargo, centrales de trabajadores como la CTM y la CROC, que originalmente se habían opuesto, ahora la respaldan. ¿Convencimiento o cuando hay negocio el dinero no tiene ideología?
La suspicacia no es menor. El Infonavit es el encargado del manejo de 2.4 billones (millones de millones) de pesos en ahorros para vivienda que no son dinero público, sino propiedad de los trabajadores mexicanos.
Se espera que el Senado discuta la reforma mañana, jueves. La oposición, sin capacidad para frenarla, alerta que por lo menos 350 mil millones de pesos, que son el activo circulante con que dispone el Infonavit, serían los primeros recursos en riesgo al momento de constituir la constructora que se encargaría de levantar 500 mil viviendas durante esta administración.
En San Lázaro, la reforma tuvo modificaciones que dan algún respiro. Se restableció el equilibrio tripartita entre gobierno, patrones y trabajadores en los comités de auditoría, vigilancia y transparencia dentro del Infonavit, además de que se incluyó la disposición de que la Auditoría Superior de la Federación sea la encargada de fiscalizar las operaciones del instituto, con el auxilio de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en la supervisión en materia crediticia.
Pero ¿sucederá lo mismo con la nueva constructora? ¿Habrá licitaciones transparentes para la compra de materiales y la construcción o habrá margen para la discrecionalidad y las corruptelas? ¿Habrá planes bien trazados de urbanización y servicios de agua, saneamiento y electricidad? ¿Quedarán realmente garantizados y a salvo los ahorros de los trabajadores? Todavía hay muchas preguntas.
MÁS LLAGAS
¿Debería la siderúrgica Ternium participar en las negociaciones por la imposición del arancel de 25 por ciento al acero y más adelante en el cuarto de junto durante la revisión del T-MEC? Una empresa señalada por desastres ambientales, desaparición de personas y violación de derechos laborales no es una instancia con las acreditaciones correctas.
POR ADRIANA DELGADO RUIZ
COLABORADORA
@AdriDelgadoRuiz
MAAZ
