Proclive a descalificar a los periodistas que revelan sus irregularidades, el senador Armando Guadiana Tijerina ha puesto otra vez las condiciones para que dos decisiones presidenciales pretendidamente históricas queden en entredicho:
Una es procurar negocios para recuperar cuerpos en la Mina Pasta de Conchos y dos, hacerlo con la institución que en estos meses está en la mira de todos, como lo es la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Este año, al morenista que preside la Comisión de Energía en el Senado de la República, se le ha relacionado con dos contratos con la CFE, de los que al menos uno es para la Compañía Minera Zapalinamé.
Dicho contrato fue adjudicado el 8 de marzo, destacando la participación en el “concurso abierto” de la Compañía Minera Álamo, cuyo accionista mayoritario es José Luis Guadiana, hermano del senador. Esto es que entre hermanos, habrían competido por ese contrato superior a los 32 millones de pesos.
La Compañía Minera Zapalinamé es una razón social que Guadiana Tijerina niega sea suya, asegurando que es de un sobrino y que nada tiene que ver con el asunto, aunque dicha empresa sigue apareciendo en el portal de la Secretaría de Economía, como filial de su corporativo Materiales Industrializados (Minsa).
Y es precisamente esa empresa, Minera Zapalinamé, la que el pasado 18 de noviembre participó, junto con otras dos competidoras, en la visita al lugar donde la CFE se propone realizar la construcción de tiros verticales en el mismo complejo donde ya obtuvo un primer contrato: la colapsada Mina 8 Unidad Pasta de Conchos, en San Juan de Sabinas Coahuila.
Como se sabe, el 19 de febrero de 2006, esa mina estalló dejando sepultados a 65 trabajadores. Durante los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, se propalaron mentiras, se cometieron atropellos… en suma, se hizo hasta lo imposible por evitar recuperar los cuerpos de los mineros, excepto dos que, en primera instancia, desmentían parte de los dictámenes a modo y diseñados a “ojo de buen cubero”.
La razón posible para evitar el procedimiento es que abría la posibilidad de realizar peritajes sobre las causas del siniestro que hasta ahora se desconocen lo que ha facilitado la impunidad de servidores públicos y de directivos de Industrial Minera México, propietaria de la mina.
El asunto ha sido tan largo y tortuoso que sería difícil de reseñar. Basta decir que, por primera vez en la historia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tomó un asunto minero de este tipo en sus manos pese a la resistencia del gobierno peñanietista... y en eso consiste parte del sentido histórico de la decisión asumida por el presidente López Obrador.
El 19 de febrero de 2019 le pregunté al presidente si litigaría contra las familias ante la CIDH y su respuesta fue un rotundo no. Y ha cumplido. Meses después, el 1 de mayo, en el primer Día del Trabajo que le tocó conmemorar como presidente, el anunció estelar de esa jornada fue que, además de no litigar, instruiría el rescate de los restos de los trabajadores.
La fórmula no dejó satisfechas a las familias cuando en octubre de 2020, López Obrador avaló un plan basado en pagar los costos de las maniobras con carbón extraído de la propia mina colapsada que se vendería a la CFE para alimentar sus carboeléctricas en Nava Coahuila.
No se reparó en la calidad del carbón pero ese fue el anuncio que designaba a la propia CFE como responsable de los trabajos. Este año, la expectativa de contratos que en principio generó cierto entusiasmo en la región carbonífera se desvaneció, cuando Guadiana, o bien, sus parientes y amigos empezaron a pujar por adjudicaciones. Competirle es absurdo, su poder en el sector inconmensurable.
Y es que Guadiana, en estos meses además de zopilotear sobre Pasta de Conchos, se ha visto envuelto en el escándalo de los Pandora Papers, más allá de las fechas y montos, por el hecho de no haber presentado debidamente su declaración patrimonial: “me atonté” dijo para justificarse.
Siguió la revelación de Quinto Elemento Lab, respecto a perdones por multas fiscales hace unos días, simplemente rechazando tener conocimiento o haberse valido de tráfico de influencias para conseguirlos. Negar, siempre negar, como ocurrió al inicio del sexenio, con los contratos de carbón que benefician a una razón social ciertamente desvinculada de Minsa pero cuyo carbón se extrae de un predio cuya concesión está a su nombre. Protegido de la 4T, jamás sufre consecuencias.
El proceder, sobra decirlo, es particularmente escandaloso en el contexto de una Reforma Eléctrica que tiene por argumento central del presidente López Obrador, la honestidad de su gobierno contra la corrupción, el “influyentismo” y el tráfico de influencias del pasado.
PD.- Marcela Turati, quizás la periodista mexicana más galardonada en el extranjero, admirada en México por su dedicación a asuntos de derechos humanos y problemáticas sociales, fue objeto de espionaje basado en una carpeta de investigación que la PGR le abrió por delincuencia organizada el sexenio pasado. Doble atropello para ella y defensoras de derechos humanos.
Impecable cronista, en 2014 se adentró en las herramientas más sofisticadas de investigación periodística. Hacía solicitudes de información, abría expedientes complejos, armaba bases de datos y recogía historias en campo… tarea titánica con la técnica más depurada a la que dedicó más de un año, hasta construir una serie de trabajos ejemplares para el periodismo contemporáneo.
Lo que con ella se hizo el sexenio pasado es atroz, tanto como el hecho de que la carpeta en su contra siga abierta. Desde aquí le expreso mi solidaridad incondicional, siempre.
POR ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA
COLABORADOR HERALDO RADIO
@ARTURO_RDGZ
MAAZ
