La iniciativa presidencial por la que se reforman los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, plantea en el Inciso F del Segundo Transitorio, que las centrales eléctricas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) generarán el 54 por ciento energía requerida por el país, y el sector privado hasta el 46 por ciento, bajo dos criterios básicos: garantizar los costos más bajos para el servicio público y considerando los costos totales de producción, es decir la inversión fija y la inversión variable.
Una de las principales objeciones en torno a este modelo mixto de participación, es que inhibirá las inversiones en el sector; para desmontar esta falsa percepción, es importantes dimensionar la magnitud de lo que representa el 46 por ciento de la demanda que deberá cubrir la iniciativa privada.
El presidente de la república Andrés Manuel López Obrador, lo ha dejado muy claro: el 46 por ciento del mercado de México, es similar a la electricidad que se consume en toda Argentina; y también es equivalente a la mitad del mercado eléctrico de España.
Un segundo elemento que nos ayuda a dimensionar el porcentaje que le corresponderá a la iniciativa privada, es el continuo crecimiento del mercado nacional que va del 3 al 6 por ciento anual; entonces el segmento del 46 por ciento, no es estático, siempre estará expandiéndose.
Para redondear el argumento sobre lo atractivo que representa el mercado eléctrico nacional para la inversión nacional y extranjera, habría que hacer referencia a su valor que se calcula en tres trillones de dólares, cifra exorbitante que representa un gigantesco potencial de negocios en México, que es lo que busca con ahínco cualquier inversionista en el mundo; por lo tanto, es irrisoria la advertencia que ha hecho la International Chamber of Commerce México, quien plantea que en caso de aprobarse la reforma eléctrica se contemplan pérdidas por 44 mil millones de dólares.
Entonces, la iniciativa de reforma constitucional en el ámbito eléctrico de ninguna manera desplaza los negocios privados; pero eso sí, su operación la plantea bajo nuevas reglas que garanticen un piso parejo para todos sus participantes; pero, sobre todo, que la planeación y conducción de la industria eléctrica nacional esté bajo la rectoría del Estado Mexicano con una visión social y de servicio, sin ningún propósito de lucro.
De esta manera, se rescatará y fortalecerá a la CFE, quien trabaja bajo reglas asimétricas e inequitativas que la obligan a que sus 191 centrales de generación operen solo al 55% de su capacidad; es decir, de su capacidad instalada por 43,523 megavatios (MW), solo despache el 38 por ciento, teniendo una capacidad de generación del 54 por ciento; mientras que los privados, despachan el 62 por ciento de la demanda nacional, con todas las ventajas, desde financiamiento, subsidios, precios altos y contratos ventajosos.
POR MANUEL RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
DIPUTADO FEDERAL
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE ENERGÍA DE LA LXV LEGISLATURA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN
@MANUEL_RDGN
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