La determinación del presidente Andrés Manuel López Obrador de otorgar a las Secretarías de la Defensa y de Marina la operación de tres tramos del Tren Maya, así como del aeropuerto de Santa Lucía y tres aeropuertos de la Península de Yucatán, es reflejo de la incapacidad de la administración pública civil para establecer estructuradamente una organización confiable para activos que demandan una gestión experta.
El Presidente nos está revelando que no existen las capacidades humanas en el gobierno para gestionar esas empresas… excepto en el ámbito castrense.
Los negocios controlados por militares son comunes en ciertos países. En Uganda, por ejemplo, las Fuerzas Armadas se involucraron en la minería; en Angola, en extracción de petróleo; en Camboya, en explotación forestal; y en Ecuador, en el negocio pesquero.
Un reporte global de Transparencia Internacional del Reino Unido sobre el tema (Military-owned business: corruption and risk reform) ha evaluado lo inapropiado de que los militares se involucren en negocios.
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Concluye: “el involucramiento en negocios actúa en detrimento de las fuerzas armadas, porque se convierte en un gran distractor de su tarea central. Una de las consecuencias más dañinas es que la búsqueda de utilidades económicas infunde corrupción dentro de las fuerzas militares”.
Si los secretarios Luis Cresencio Sandoval y José Rafael Ojeda quieren que la determinación del Presidente se legitime en función de la justificación que se dio (destinar las utilidades de las empresas al pago de las jubilaciones del personal militar), deben establecer pronto los modelos empresariales que garanticen la adopción de las mejores prácticas corporativas disponibles en el mundo de las empresas civiles, incluyendo desde normas financieras y contables internacionalmente aceptadas, hasta un gobierno corporativo con consejeros independientes.
Nada le daría más fuerza a esta decisión que el hecho de que los propios militares elijan el camino de las organizaciones civiles para la gestión de recursos en la que están a punto de involucrarse.
Sería deseable también que la próxima secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, y el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, se pronuncien en este sentido.
Lo peor que podría ocurrir a las empresas militares del estado del Presidente es que nazcan con duda, por lo que han sido las experiencias de negocios turbios militares en regímenes autoritarios.
Y esa tentación es grande porque sus reglas internas son una caja obscura para la sociedad y para las autoridades civiles.
CONSAR
La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, que encabeza Abraham Vela, autorizó las comisiones que cobrarán las 10 afores en 2021. El promedio estará en 0.808 por ciento. La afore más cara será InverCap, con 0.87 por ciento de comisión.
POR CARLOS MOTA
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