Demoró, pero finalmente llegó: el presidente Andrés Manuel López Obrador explicó ayer en su conferencia matutina que ni siquiera a la Fiscalía General de la República que encabeza Alejandro Gertz Manero los bancos le aceptan los dólares que son incautados a los narcotraficantes en acciones de justicia. El Presidente explicó que un banco le dijo a la Fiscalía que debía llevar esos billetes físicamente a Canadá y que debía garantizar que no traían “olor a muerto”.
El problema de los dólares en efectivo es grave. El hecho de que ni siquiera a la autoridad competente le quieran aceptar los dólares en efectivo incautados desmitificó rápidamente la idea de que la reforma a la ley de Banxico —que fue presentada por Ricardo Monreal y abanderada por el senador Alejandro Armenta— era para ayudar a un banco en particular.
El problema lo sufre incluso el gobierno. AMLO aseguró en su ejemplo que se trataba del equivalente en dólares a 500 millones de pesos. No es un monto menor el que el gobierno no pudo hacer efectivo.
AMLO también dijo que celebraba el aplazamiento de la discusión parlamentaria sobre el tema, para que se incorporen las opiniones de todo mundo. Un día antes el Banco de México, que encabeza Alejandro Díaz de León, se manifestó dispuesto a colaborar en construir un “marco legal que beneficie a quienes reciben legítimamente divisas en efectivo”.
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De manera que ya ocurrieron tres cosas: (1) se visualizó el problema del mercado paralelo de dólares en billete, (2) se reconoció por parte de Banxico que tiene que colaborar con la solución de una u otra forma, y (3) se desmitificó la idea de que esto se trataba de un solo banco.
Sería inadmisible que la Fiscalía y el gobierno se quedasen de brazos cruzados frente al rechazo de los bancos para aceptar los dólares en efectivo incautados al crimen organizado. Si esa actitud prevaleciera de parte de los bancos, incluso de aquellos que
tienen corresponsalía en EUA, la autoridad tendría que meterles en cintura, porque existen reglas válidas para meter esos dólares al sistema una vez que están en poder de la policía, de la misma forma que existen reglas para subastar una casa asegurada, a fin de utilizar esos recursos dentro del presupuesto público. Es grave que un banco ningunee a la Fiscalía General de la República, rechazando aceptar un depósito de dinero obtenido en el ejercicio de la ley.
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POR CARLOS MOTA
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