La administración de Andrés Manuel López Obrador es de las que más ha lastimado a la clase trabajadora… del propio gobierno.
Se calcula que, en lo que va de su administración, ya echó a la calle a 25 mil burócratas que ocupaban desde la más modesta de las posiciones, hasta puestos de muy alto nivel, incluidos aquellos que formaban parte del Servicio Profesional de Carrera.
No sólo eso, muchos de los trabajadores en activo, incluidos los de “nuevo” ingreso, son obligados a “donar” voluntariamente a fuerza una parte importante de su salario, que va de 10 a 20 por ciento.
Les dicen que son donativos para la “causa”. ¿Cuál causa? Nadie sabe explicar. Simplemente la advertencia es: “Coopelas o cuello”.
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Por si fuera poco, de manera institucional, tiro por viaje, el propio Presidente anuncia la reducción de prestaciones, sin que exista una ley que lo permita, como el recorte al aguinaldo para este fin de año, otra vez voluntariamente a fuerza, a servidores públicos de cierto nivel.
Todo lo hace envuelto en la bandera de la austeridad republicana.
Sin embargo, esto es el mejor ejemplo de aquel dicho popular: Hágase justicia en los bueyes de mi compadre.
Por un lado, exige al sector patronal que mejoren las condiciones laborales (hasta impuso una reforma en la materia); pero por el otro, la precarización de la clase trabajadora del gobierno va en ascenso.
Investigaciones de diversas instancias de la sociedad civil, como Signos Vitales, hasta instituciones educativas como El Colegio de México, académicos y abogados, dan cuenta de todo lo mal que ha tratado a la burocracia.
En su discurso de campaña, hace ya dos años, Andrés Manuel López Obrador prometió acabar con los derroches, gastos suntuosos y privilegios en el gobierno, pero en esto de quererse ahorrar unos cuantos pesos, agarró parejo.
La podadora no respetó niveles ni jerarquías. Incluso, uno pensaría que esta política es un ajuste de cuentas contra los corruptos del pasado; sin embargo, parte importante de la gente que ha sido despedida, fue contratada por este mismo gobierno.
Tan sólo en 2019 fueron canceladas más de ocho mil plazas, entre ellas mil 340 direcciones adjuntas, y este 2020, en agosto pasado, desaparecieron 10 subsecretarías de Estado con cientos, quizás miles, de plazas que dependían de ellas.
Muchas de estas personas fueron empleadas por la presente administración, pero con contratos leoninos que nos les permiten ahora presentar una demanda por despido injustificado. Tampoco por la reducción de sueldos, lo mismo a investigadores científicos que a personal de seguridad pública y hasta a miembros de las Fuerzas Armadas.
El gobierno incurre en las peores prácticas “obrero-patronales” y echó a la calle a servidores públicos capacitados en el Servicio Profesional.
También redujo la adquisición y renovación de equipo de oficina, obligando a los sobrevivientes del recorte a compartir computadoras y escritorios.
Eso en el mejor de los casos, porque en algunas dependencias tienen que llevar sus propios equipos de trabajo y hay quienes incluso la han hecho de mudanceros, porque el cambio de oficinas es permanente.
Lo más lamentable es que el gobierno de la 4T no se distingue por ser el más eficiente.
Por el contrario, los rezagos en proyectos emblemáticos, como el Banco del Bienestar, no terminan de aterrizar por falta de manos.
El Gobierno de México entró en un círculo vicioso: corre a burócratas y a todos los mide con el mismo rasero.
No distingue entre buenos y malos, pero por otro lado, no cuenta con “mano de obra capacitada” para la función de gobierno.
A los que tenía contratados como trabajadores, los echó a la calle, engrosando la estadística del desempleo y a los que no tenían trabajo, los contrata con salarios de hambre, convirtiéndose en una fábrica de pobreza.
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Y como dice el filósofo… Nomeacuerdo: “El que sabe, sabe; y el que no, es jefe”.
POR ALFREDO GONZÁLEZ
ALFREDO.GONZALEZ@ELHERALDODEMEXICO.COM
@ALFREDOLEZ