“En el mundo de las drogas no hay final feliz”, reza la campaña actual del gobierno federal para prevenir las adicciones. Aparecen testimonios de jóvenes y adultos que han caído en la drogadicción, y narran los estragos que las drogas han hecho en su salud, su autoestima, su vida familiar y social. Los mensajes, bastante bien logrados, invitan a llamar a la “línea de la vida” para recibir apoyo y no caer en el torbellino que elimina la posibilidad de futuro. Hace unos meses —esta campaña inició en marzo de este año— la publicidad cambió ligeramente; ahora se dice “el mundo de las drogas no es un lugar feliz”.
El jueves 19 de noviembre el Senado aprobó por mayoría de votos la Ley Federal para la Regulación del Cannabis y otras reformas, que permitirán aumentar la posesión individual de mariguana de cinco a 28 gramos, tener plantas en el domicilio, y fumarla en ciertos lugares, mientras no sea frente a menores.
Hasta hoy, está permitida la posesión de hasta cinco gramos de mariguana —unos diez churros—, no así tener plantas en el domicilio. El derecho a mariguanear es actualmente legal. La Corte ordenó perfeccionar la regulación para hacer posible la obtención de la mariguana por aquellos que así lo desearan. Por cierto, hoy en día, solo un 2 por ciento de la población adulta en nuestro país es consumidora de mariguana.
La legislación aprobada por el Senado liberaliza el cultivo, la distribución y la venta, y pone al alcance de la población general la posibilidad de adquirir mariguana, fumarla, compartirla, …y caer en sus garras. Estamos ante una situación claramente inequitativa: por permitir el ‘libre desarrollo de la personalidad’ de un porcentaje de la sociedad, se está asumiendo una grave responsabilidad social con el resto de la población. Los jóvenes, incluso los niños, tendrán fácil acceso al cannabis, y las consecuencias podrán ser devastadoras para la actual generación, por los estragos científicamente comprobados que la adicción a la mariguana conlleva.
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Por otro lado, suena contradictorio que se mantenga una campaña contra las adicciones, y por otro se apruebe una legislación liberalizadora del cannabis, que favorecerá a un grave aumento de éstas. Ante el desolador panorama sanitario que estamos enfrentando, y los estragos económicos que la pandemia del COVID-19 dejará en nuestro país, la Cámara de Diputados deberá considerar con sentido de responsabilidad si habrá capacidad de enfrentar las consecuencias de una aprobación legislativa como la que ahora le está enviando el Senado.
Por cierto, el uso medicinal del cannabis fue aprobado en la pasada legislatura. Después de más de tres años no se ha expedido el reglamento para su aplicación. Se requiere la atención por parte de la Conamer y Cofepris, y la voluntad política del Ejecutivo para hacerlo.
POR CECILIA ROMERO CASTILLO
COLABORADORA
@CECILIAROMEROC