A las preocupaciones de aquellas empresas que en México proporcionan “outsourcing” y que podrían verse afectadas por la Reforma a la Ley Federal del Trabajo en materia de Subcontratación de Personal —si los legisladores la aprueban como se las mande el Ejecutivo—, el presidente Andrés Manuel López Obrador les respondió: “ Sí me han visto representantes de empresarios y les he comentado que vamos a hablar del tema, pero aprovecho para mandarles a decir que no me pidan que yo me convierta en cómplice de una maniobra que afecta a los trabajadores; no soy encubridor".
¿O sea que argumenten lo que argumenten las compañías no lo van a convencer de que el “outsourcing” no es como lo pintan? ¿Qué es una herramienta legalmente constituida, tanto en México como en el mundo, y ha demostrado que, utilizada correcta y legalmente, genera empleo formal y ayuda a gestionar mejor los recursos, con importantes resultados en el desarrollo de proyectos y producción? ¿Qué puede generar empleos formales, cubrir sus cuotas al IMSS y al INFONAVIT y pagar impuestos como el fisco manda?
Según la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano (AMECH), que cuenta con 28 grupos empresariales asociados, de enero a agosto del 2020 han generado un promedio mensual de 158,750 empleos formales; invertido más de 19 mil millones, aportado un monto total de $2,192,256,765 en cuotas al IMSS y un total de $997,139,478 en cuotas al INFONAVIT. En 2019, invirtieron más de 30 mil millones de pesos en México, lo que contradice a funcionarios del gobierno, incluyendo al presidente de la República, que afirman que son evasores de impuestos y que atentan contra los trabajadores.
Lo que hay que hacer, sugieren los posibles afectados, es revisar los procesos conforme a la ley, buscando que se logre: a) Incrementar el empleo formal y que no aumente la informalidad que representa la mayoría en el país. b) Combatir la simulación, elusión y evasión fiscal que hacen pagadoras, factureras, algunas cooperativas y sindicatos. c) Dar mayor seguridad y calidad en el empleo a los trabajadores. d) Regular el servicio, de forma que existan barreras de entrada validadas por el gobierno, para evitar que participen empresas que no cumplan con la ley. e) Facilitar la entrada al mundo del empleo formal a los grupos vulnerables como son jóvenes, mujeres, personas con discapacidad, etc.
A juicio de la AMECH y sus socios, la eliminación de esta figura tendría un impacto directo en la economía nacional, generaría enorme incertidumbre al sector privado y desincentivaría la inversión. Lo que sí hay que hacer, sugiere, es una mayor precisión en la regulación de la industria, con la finalidad de mejorar las prácticas de subcontratación y evitar la irregularidad.
¡Pues a ver qué les responde el Presidente!
POR LUIS SOTO
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