Mejorar la seguridad del país es una de las tareas prioritarias en las que se trabaja en este gobierno, como parte de las estrategias para cumplir con lo estipulado en materia de seguridad, se definió establecer Coordinaciones para la Paz y Seguridad en las 32 Entidades Federativas y en 266 Regiones; esto, actualmente es un hecho.
Estas Coordinaciones se han convertido en piezas operativas clave para la comunicación, definición de acciones, establecimiento de estrategias y, en su caso, determinación de reacciones interinstitucionales de seguridad; incluyendo en ello las referentes a salud y protección civil. A través de ellas se han establecido operaciones oportunas, convirtiéndose en evidentes apoyos en el manejo de crisis a partir del trabajo colaborativo de instancias federales, estatales y municipales.
Todas las operaciones y acciones que pueden llevarse a cabo, evaluando riesgos y definiendo líneas de acción son ejecutadas; sin embargo, estas acciones pueden verse limitadas si los ciudadanos no realizamos la actividad que nos corresponde, denunciar los delitos de los que somos víctima o aquellos de los que somos testigos.
Los delitos no deben callarse o ser encubiertos; la Cartilla Moral, elaborada por Alfonos Reyes y adaptada por José Luis Martínez, en su Capítulo 8, “La Ley y el Derecho”, menciona:
“… El que comete una falta o un delito debe sufrir igual pena, sea débil o poderoso, pobre o rico. Pero, a mayor altura de la persona, toca mayor responsabilidad, por concepto de agravante….
El sistema legal es inevitable y benéfico porque constituye el armazón que sostiene a la comunidad...”
No obstante, conforme a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2019, ENVIPE 2019, realizada y publicada por el INEGI, cuyo propósito es brindar a la sociedad elementos para la toma de decisiones de política pública en los temas relacionados al fenómeno de victimización, durante 2018, se cometieron 33 millones de delitos en todo el país, vinculados a 24.7 millones de víctimas. Estos datos recabados a través de la encuesta distan mucho de las denuncias hechas, ya que el 93.2 % no fueron presentados ante las procuradurías o fiscalías o bien, no se inició una averiguación previa o carpeta de investigación, demostrando que este elemento trascendente para promover la reducción de delitos a través de la investigación y sanción de los mismos, aún es muy frágil.
Por desconfianza, por la inversión de tiempo requerida para realizar una denuncia, que en promedio es de hora y media a 2 horas y, en casos extremos, puede ser de 4 horas, o simplemente porque se puede considerar una acción vana, el omitir la denuncia genera y nos hace partícipes de la impunidad.
Por último, es de considerar que convertirnos en una sociedad participativa en asuntos de seguridad favorecerá la disminución de la impunidad y la construcción de un México seguro. Parte de nuestras responsabilidades, como sociedad, es tener presente que, de manera inicial contamos con el 911 para hacer una denuncia pronta; asimismo, el identificar las oficinas de ministerio público cercanas a donde radicamos puede convertirse en una ventaja en momentos complicados como cuando se es víctima de un delito.
POR JESÚS VALENCIA
DELEGADO DE MORENA EN SONORA
@VALENCIA_GUZMAN