El arresto del general Salvador Cienfuegos, exsecretario de Defensa Nacional, por autoridades estadounidenses en Los Ángeles, acusado de narcotráfico y lavado de dinero, puso de nuevo sobre la mesa el tema de seguridad en México en varios niveles.
Por un lado, desató una tormenta política en México y reubicó la situación del narcotráfico en un primer plano de la relación bilateral.
En lo político versiones y análisis en México, incluso algunas circulantes en la Secretaría de Defensa Nacional, advierten de la posibilidad de que se trate de un intento de ejercer presión para cambiar la que desde Estados Unidos se ve como una política equivocada de conciliación con los grupos narcotraficantes.
Apuntan incluso a la posibilidad de una nueva política de "certificación", como en los años 80.
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De hecho, en un programa de radio el fin de semana el exsubsecretario de Defensa para el Hemisferio Occidental, coronel Sergio de la Peña, lamentó la política del presidente López Obrador: "quiere abrazos y no balazos, pero los narcotraficantes quieren balazos".
El arresto y eventual juicio del exsecretario Cienfuegos en todo caso puede causar olas también en EEUU, pero su impacto mayor se da en México, aunque en lo bilateral puede colocar al gobierno mexicano a la defensiva.
El escándalo se produce cuando se prepara un recambio en la Secretaría de Seguridad y Proteccion Ciudadana, con Alfonso Durazo en sus marcas para buscar una gubernatura. La SSP sería en alguna medida la contraparte de la Agencia Antidrogas estadounidense (DEA).
Más allá del aparente beneficio inmediato a la agenda política del presidente Andrés Manuel López Obrador, el hecho complica la imagen de las Fuerzas Armadas y obliga a reconsiderar una situación en la que los cárteles de la droga tienen un control parcial de buena parte del territorio nacional.
De paso, apunta de nuevo a un viejo irritante: la capacidad estadounidense para interceptar las comunicaciones del gobierno mexicano, privadas o laborales, confidenciales o personales.
El arresto consignó la posible penetración del aparato de gobierno por narcotraficantes y revivió viejas versiones en ese sentido.
En la decada de los 80 hubo señalamientos sobre complicidades en la fuga de Rafael Caro Quintero, responsable del secuestro, tortura y muerte del agente de la DEA, Enrique Camarena Alvarez, y versiones de soldados empleados como vigilantes en sembradíos de mariguana.
Se habló también del establecimiento de una "ruta de la cocaina" a través de México con la supuesta participación de agentes de la desaparecida Dirección Federal de Seguridad y contratistas de la Agencia Central de Inteligencia (CIA).
En los 90 y la primera década del siglo XXI, el ascenso de grupos como los cárteles de Sinaloa, de Tijuana o de Juárez, con la consecuente guerra por territorio y el control de rutas, que hoy sigue con algunos actores.
Y la entrada de drogas a Estados Unidos prosigue, mientras de ahí salen armas y dinero en efectivo.
POR JOSÉ CARREÑO FIGUERAS
JOSE.CARRENO@HERALDODEMEXICO.COM.MX
@CARRENOJOSE