En un hecho inédito, el Congreso de Guerrero inició el trámite de un juicio de procedencia solicitado por la Fiscalía General del Estado (FGE Guerrero), para desaforar a un funcionario que goza de inmunidad constitucional para que enfrente un proceso judicial en su contra, cuya identidad se mantiene bajo reserva por acuerdo de los diputados.
En la sesión de esta tarde se dio entrada a una solicitud de declaratoria de procedencia presentada a través de una agente del Ministerio Público de la FGE Guerrero, sin que se revelara el nombre del servidor público al que va dirigido.
El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Jesús Urióstegui reconoció que, por acuerdo de dicho órgano, la identidad del servidor público no se daría a conocer, hasta una vez que el caso haya avanzado por parte de la autoridad ministerial.
“Es un tema donde se ha acordado una secrecía por la responsabilidad que conlleva y, en ese sentido, la Junta de Coordinación Política determinó resguardar esta información ya que es un tema que tiene que atenderse puntualmente (…) por el tema de secrecía tenemos que reservarlo así”, comentó en entrevista con medios de comunicación en Chilpancingo.
Tienen dos meses para definir desafuero
Se informó que la Comisión Instructora del Congreso tendrá 60 días para emitir un dictamen una vez turnándose el caso, salvo que fuese necesario disponer de más tiempo, lo cual, se indica está a criterio de la propia Comisión. Sin embargo, por la importancia y la dimensión del caso se espera que para comenzar a desahogar el procedimiento la Comisión Instructora sesionaría la próxima semana.
Dicha Comisión es presidida por el diputado local del PVEM, Arturo Álvarez, Vladimir Barrera funge como secretario, mientras que como vocales fungen la diputada de MC, Erika Lürhs, el morenista Carlos Bello y Jesús Urióstegui, quien también es presidente de la Jucopo.
