En las 19 entidades donde habrá elección judicial ya están publicadas sus leyes secundarias. Las de Nayarit y Yucatán fueron las últimas en entrar en vigor. El estado del sureste no pensaba llevar a cabo sus elecciones este año, pero el 14 de marzo la autoridad electoral ordenó que las celebrara.
En sesión extraordinaria urgente, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó un acuerdo para incorporar a Yucatán en la elección judicial del próximo 1 de junio, y que la ciudadanía pueda elegir a 14 magistrados locales.
Los consejeros del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán (Iepac) solicitaron al gobierno estatal una ampliación presupuestal por 132 millones 937 mil 447 pesos, para organizar la elección.
De acuerdo con un documento elaborado por el INE, los últimos estados en armonizar la legislación fueron Colima, Zacatecas Nayarit y Yucatán.
Los estados que van a las urnas el 1 de junio son: Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Michoacán, Nayarit, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.
El reporte advierte sobre los problemas financieros que enfrentan la mayoría de los Organismos Públicos Locales (OPLS) para la elección judicial.
Los OPLS de Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Colima, Durango, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas han solicitado ampliaciones presupuestales para organizar las elecciones de Poder Judicial local.
Hasta el 26 de febrero, el OPL de Aguascalientes recibió 55 millones de pesos como ampliación presupuestal para los comicios; el de Baja California solicitó 241.5 millones adicionales, pero no ha tenido respuesta.
El OPL de Chiapas pidió 50 millones de pesos para su gasto ordinario, pero se le entregarán en agosto próximo; Chihuahua, 378.9 millones de pesos para realizar la jornada electoral, pero no ha tenido respuesta; Colima requirió 48 millones de pesos y está pendiente de repuesta; Durango, 125 millones de pesos, y también está pendiente.
El Estado de México solicitó 941.3 millones de pesos adicionales, monto que ya fue autorizado y recibirá en varias ministraciones; Michoacán, 293.9 millones de pesos adicionales, pero no ha tenido respuesta; Morelos, 1.5 millones de pesos para gasto ordinario, pero está pendiente; lo mismo que Nayarit, que requirió 115.6 millones de pesos y no hay respuesta de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ( SHCP).
El estado de Quintana Roo pidió para la elección judicial 226.5 millones de pesos, pero tampoco ha tenido respuesta; San Luis Potosí, 135.8 millones de pesos, de los cuales sólo le ministraron 7.5 millones.
Sonora necesita 202.2 millones de pesos y el Congreso local se los aprobó; Tlaxcala, 79.9 millones de pesos y está pendiente de respuesta; Yucatán, 21.4 millones de pesos, para gasto ordinario y no ha tenido respuesta, y Zacatecas, 145.9 millones de pesos para organizar la elección judicial, pero no ha tenido respuesta.
De acuerdo con el INE, Colima, Zacatecas y San Luis Potosí tienen un “nivel de riesgo alto” por falta de presupuesto para la elección judicial, mientras que Nuevo León, Tamaulipas, Yucatán, Guerrero y Ciudad de México están en un nivel de riesgo medio, y el resto en verde, pues cuentan con los recursos solicitados.
ESTADO DE MÉXICO
Con un padrón electoral de 13.2 millones de mexiquenses, uno de los más grandes del país, la entidad se alista para la elección del poder judicial local el próximo 1 de junio.
LO QUE ESTÁ EN JUEGO
1 Presidencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJEM)
5 Magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial
30 Magistraturas del Poder Judicial Edomex
55 Jueces
Total de cargos: 91
LA TÓMBOLA
El pasado 26 de febrero, los Comités de Evaluación de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado de México realizaron la insaculación, por to´mbola, para depurar la lista de 992 aspirantes a cargos de jueces y magistrados locales.
En el Poder Judicial avanzaron 60 aspirantes a magistrados del TSJEM.
*60 aspirantes al TSJEM/ 2 buscan la Presidencia
* 15 aspirantes al Tribunal de Disciplina Judicial.
* 81 aspirantes a jueces.
Total: 156 aspirantes
En el Poder Legislativo avanzaron 58 aspirantes para magistraturas del TSJEM.
*58 aspirantes al TSJEM/ 4 por la presidencia.
*15 aspirantes al Tribunal de Disciplina Judicial.
*100 aspirantes a jueces.
Total: 173 aspirantes
En el Poder Ejecutivo avanzaron 59 aspirantes a magistrados del TSJEM.
*59 aspirantes al TSJEM/ 5 buscan la presidencia.
*15 aspirantes al Tribunal de Disciplina Judicial.
*94 aspirantes a jueces.
Total: 168 aspirantes
*Además 3 magistrados y 25 jueces tuvieron pase directo, porque accedieron a renunciar a su cargo para participar en la elección.
Fechas a seguir:
- 24 de abril Inicio de campañas.
- 28 de mayo Termino de campañas.
- 1 de junio Jornada electoral.
Inicio del cómputo de votos.
MICHOACÁN
En esta entidad, el próximo 1 de junio, se elegirán por voto popular la mitad de los cargos de jueces; así como todos los cargos de magistraturas del Supremo Tribunal de Justicia y del Tribunal de Disciplina Judicial local.
Cargos a elegir:
8 Magistrados del Tribunal Superior de Justicia.
24 Magistraturas en Materia Civil.
5 Magistrados del Tribunal de Disciplina judicial.
75 jueces.
Total: 112 cargos
Los finalistas
*86 aspirantes a Magistrados
*12 son para el Tribunal de Disciplina Judicial
*193 aspirantes a Jueces
Fechas a seguir:
- 24 de abril Inicio de las campañas electorales
- 28 de mayo Fin de campañas
- 29 de mayo Inicio de veda
- 1 de junio Jornada electoral
- Inicio del cómputo de votos
- 15 de septiembre Toma de protesta de las personas juzgadoras electas
Entrevista Paula María García Villegas Sánchez Cordero
MODIFICACIÓN A PJ ABRE PUERTA AL DERECHO AMBIENTAL
Con reforma, los jueces deberán actuar de oficio en la protección al medio ambiente como principio
La magistrada de Circuito, Paula María García Villegas Sánchez Cordero, afirmó que el derecho ambiental es un tema relevante en el contexto de la nueva reforma al Poder Judicial.
“Es un tema importantísimo y además de mi interés desde hace 15 años, cuando empiezo como jueza, pero es un aspecto que tiene varias líneas”, dijo en entrevista en Heraldo Radio.
La abogada explicó que no sólo se trata de la defensa del ambiente a través de la justicia, sino de la judicialización del derecho humano al medio ambiente sano, pero en su vertiente de principio “proambiente”.
“Es decir, cuando hay dudas, hay que resolver a favor del ambiente. Ha sido un principio paulatino, no siempre se da en la sentencia, pero cada vez se arraiga más. Este es uno de los avances”, explicó.
La aspirante a ministra de la Suprema Corte Justicia de la Nación (SCJN) abundó en que otro de los aspectos a tomar en cuenta es el principio “contaminador pagador”, que significa que quien contamina es el responsable económicamente de pagar.
“Pero aquí vienen varios aspectos y aristas, porque la pregunta es la multa, ¿a dónde se va? ¿Realmente se repara el ambiente o para qué se ocupa? Entonces tiene que ocupar ese recurso para restablecer el ecosistema que está lastimado”, dijo.
“Otro aspecto más, el que se ha manejado de avances en la justicia y en general, es la obligatoriedad, de la persona juzgadora de recabar de oficio las pruebas”, detalló.
García Villegas Sánchez Cordero aseguró que cada parte está obligada a probar y, para ello, hay que aportar las pruebas, pero tratándose de materia ambiental, no puede haber asimetrías en la justicia.
“Lo que está de por medio es el derecho al futuro, a un ambiente sano, porque las enfermedades están interrelacionadas con otros derechos, el derecho a la salud, entonces están en juego muchas más cosas que en cualquier otro asunto y esto implica que el juez tenga que recabar oficiosamente las pruebas”, subrayó.
Con 28 años de experiencia en el Poder Judicial, la doctora García Villegas Sánchez Cordero aseguró que el derecho ambiental puede combatir a las inmobiliarias que realizan ecocidios en zonas reservadas.
“Los manglares se tienen que proteger porque si no protegemos las áreas naturales protegidas, los suelos de conservación… ¿Cómo permea el agua hacia los mantos acuíferos? A través de este suelo de conservación, el 33% de ellos se utiliza para el consumo humano”, refirió.
Aseguró que debe ser prioritario para los juzgadores la ejecución de las sentencias: “Tú puedes tener una sentencia protectora del ambiente, pero si no se cumple, no se materializa ese derecho. Ese es uno de los retos”.
Pronta y Expedita
Reforma judicial plantea democratizar la justicia en México
El máximo tribunal enfrenta desafíos que han afectado su credibilidad y eficiencia, afirma aspirante a ministra
Por Diana Martínez
La reforma judicial busca corregir fallas estructurales al plantear que se democratice el sistema de justicia en el país, aseguró Darlene Rojas, abogada y experta en materia laboral.
En entrevista con El Heraldo de México, Rojas, quien es aspirante a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), dijo que el máximo tribunal enfrenta desafíos que han afectado su credibilidad y eficiencia, y ejemplo de esto es la desconexión con la realidad social y excesiva burocracia.
La desconexión, dijo, genera que las resoluciones del máximo tribunal no siempre respondan a las necesidades de la ciudadanía, mientras que la burocracia deriva en que los procesos judiciales prolongados dificulten que la justicia sea pronta y expedita y afecte a quienes menos recursos tienen para poder contratar abogados que litiguen sus asuntos.
“El planteamiento de la reforma judicial que fue impulsada, en su momento, por el expresidente Andrés Manuel y ahora por la presidenta Claudia Sheinbaum, lo que busca es corregir esas fallas estructurales, al plantear como objetivo fundamental que se democratice el sistema judicial”, indicó.
Aseguró que esto permitirá que los ministros y jueces del país atiendan de manera auténtica a la sociedad y no solamente los intereses de ciertos grupos, como se ha visto.
El objetivo de la reforma, destacó, es una mayor eficiencia en los casos y mejor
desempeño de los juzgadores porque el Tribunal de Disciplina Judicial revisará su labor.
Destacó que, en el caso de los asuntos penales se establece un plazo de seis meses para emitir las resoluciones y si no se resuelven en ese tiempo, el Tribunal de Disciplina puede iniciar una investigación llegando, incluso, a la destitución del juez.
Un cambio radical a corto plazo, destacó, se dará a partir del 1 de septiembre, cuando lleguen los nuevos juzgadores, quienes tienen el reto de hacer cambios sustanciales en el tema de la impartición de justicia para tener una conexión real con la sociedad y eso se debe empezar a ver reflejado desde las primeras resoluciones dictadas.
A mediano plazo, aseguró, la emisión de esas sentencias debe ser con un lenguaje entendible para toda la ciudadanía.
EN PODER JUDICIAL
CONFÍAN QUE ELECCIÓN ACABE CON LA CORRUPCIÓN
ENCUESTA DE QM Y HMG REVELA QUE CIUDADANÍA APUESTA A QUE VOTACIÓN TRAIGA BENEFICIOS AL PJ
REDACCIÓN
La ciudadanía consultada consideró que las elecciones del 1 de junio para elegir a ministros, magistrados y jueces reducirá la corrupción en el Poder Judicial, de acuerdo con la encuesta de QM Estudios de Opinión, en alianza con Heraldo Media Group.
A la pregunta: “¿Cree que la elección directa de ministros, magistrados y jueces por parte de la ciudadanía podría reducir la corrupción en el Poder Judicial?”, 85% respondió que “sí”; 7% dijo que “no”; 6%, “no tiene una opinión al respecto”; y 2%, “no sabe/no contestó”.
Una segunda pregunta fue: “¿Qué nivel de confianza tiene usted en el Poder Judicial de México? Diría usted que tiene…”, 36% dijo “algo de confianza”; 30%, “poca confianza”; 19%, “ninguna confianza”; 12%, “mucha confianza”; y 3%, “no sabe/no contestó”.
Asimismo, se consultó: “¿Cree usted que la corrupción en el PJ es un problema significativo en México?”, 73% dijo “sí, es un problema muy grave”; 16%, “no tengo una opinión al respecto”; 6%, “sí, es un problema, pero no muy grave”; 3%, “no, no es un problema significativo”; y 2%, “no sabe/no contestó”.
También se preguntó: “¿Considera que la corrupción en el PJ afecta la eficacia de las acciones contra el narcotráfico en el país?”, 57% dijo “sí, afecta significativamente”; 20%, “no tengo una opinión al respecto”; 18%, “sí, afecta en cierta medida”; 3%, “no, no afecta”; y 2%, “no sabe/no contestó”.
¿Qué está pasando con la impartición de justicia en México?
La elección popular de jueces podría fortalecer la rendición de cuentas, pero existe el riesgo de que candidatos sean cooptados por grupos criminales
Cesar M. Gutiérrez Priego
Abogado
@cesargutipri
La impartición de justicia en México es un pilar fundamental para garantizar el Estado de Derecho, la seguridad jurídica y la paz social. Se trata del proceso mediante el cual el Estado aplica la Constitución y las leyes para resolver conflictos, proteger los derechos de los ciudadanos y sancionar conductas ilícitas. Sin embargo, este sistema enfrenta desafíos históricos como la corrupción, la impunidad, los retrasos procesales y, en algunos casos, la percepción de politización o nexos con el crimen organizado.
En el contexto actual de México, la impartición de justicia cobra especial relevancia debido a la reforma judicial aprobada en 2024, que entró en vigor en 2025. Esta reforma introduce la elección popular de ministros, magistrados y jueces, buscando democratizar el Poder Judicial y hacerlo más cercano a la población. Sin embargo, ha generado debate sobre sus posibles efectos, como el riesgo de politización del sistema o la influencia de intereses externos.
Efectos en Michoacán en este momento: Michoacán, un estado marcado por la violencia, la presencia del crimen organizado y tensiones sociales, refleja de manera particular los retos y las consecuencias de la impartición de justicia. Varios factores destacan:
1. Violencia y Seguridad Pública: Michoacán ha sido escenario de enfrentamientos recientes entre fuerzas de seguridad y grupos delictivos, como lo evidencian reportes sobre la muerte de militares y acusaciones del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, quien ha señalado a jueces de distrito por presuntos vínculos con la delincuencia organizada. Estas declaraciones sugieren una desconfianza en el sistema judicial, acusándolo de contribuir a la liberación de figuras clave del crimen.
2. Impacto de la reforma judicial: con las elecciones judiciales, Michoacán enfrenta un momento crucial. La implementación de este nuevo modelo busca renovar el Poder Judicial local, pero también plantea incertidumbre. La elección popular de jueces podría fortalecer la rendición de cuentas, pero existe el riesgo de que candidatos sean presionados o cooptados por grupos criminales. Líderes como Octavio Ocampo han resaltado la necesidad de procesos democráticos y transparentes para que esta reforma fortalezca la democracia.
3. Impunidad y Confianza Ciudadana: la percepción de impunidad en Michoacán sigue siendo alta, alimentada por casos como la liberación de presuntos criminales y escándalos de “narcopolítica” que involucran a exgobernadores y alcaldes. Una impartición de justicia eficiente es clave para romper este ciclo, pero los retos estructurales, como la corrupción y la falta de recursos limitan los avances. En este sentido, la modernización del sistema judicial, incluyendo la justicia digital, podría agilizar procesos y reducir rezagos.
4. Contexto Social y Político: Michoacán es un microcosmos de los problemas nacionales, con una sociedad que demanda justicia expedita y efectiva frente a la violencia y la desigualdad. La impartición de justicia no sólo resuelve conflictos legales, también influye en la estabilidad social. Si el sistema falla, como se percibe en las críticas a jueces, se erosiona la legitimidad del Estado y se abren espacios para soluciones extralegales, como las autodefensas.
En resumen, la impartición de justicia en México es esencial para sostener el orden y proteger los derechos ciudadanos, pero en Michoacán, en este momento, sus deficiencias agravan problemas como la inseguridad y la desconfianza institucional. La reforma judicial ofrece una oportunidad de cambio, pero su éxito en el estado dependerá de cómo se gestione la transición hacia un sistema más transparente y resistente a las presiones externas. La situación actual refleja una tensión entre las expectativas de justicia y los desafíos para hacerla realidad en un contexto de violencia y polarización.
Columna Antonio Holguin
Vicepresidente de Relaciones Institucionales de HMG
antonio.holguin@elheraldodemexico.com
Desafíos para un voto informado
La formación académica y la experiencia profesional de quienes aspiran a esos cargos tienen que ser factores determinantes para la emisión de un voto libre
Ante el inminente inicio del periodo formal de campaña para quienes aspiran a ocupar un cargo en el Poder Judicial de la Federación, también es claro que se acerca el momento en que se tengan que enfrentar varios de los retos y desafíos más complejos que previsiblemente tendrá este proceso.
Por una parte, la necesidad de que la sociedad en su conjunto sea realmente consciente de la importancia que tiene el que participe
y se involucre en la elección es algo en lo que todavía se tiene que trabajar.
Si bien es un hecho que amplios sectores de la población saben que a mediados de año se llevará a cabo una votación para elegir a Ministros, Magistrados y Jueces, lo cierto es que no podría decirse que todas las personas entienden que ésta no será una elección de partidos políticos y que, por el contrario, la formación académica y la experiencia profesional de quienes aspiran a esos cargos tienen que ser factores determinantes para la emisión de un voto libre, informado y responsable.
Además de que quienes ocupen tales responsabilidades, necesariamente tendrán que actuar en el desempeño de las mismas con autonomía e independencia, al margen de controles o simpatías políticas o ideológicas.
A esa comprensión esencial del objeto y naturaleza de la elección se suma la complejidad que presenta el que las personas puedan tener acceso y conocer todos los perfiles de las poco más de 4 mil personas
que aparecerán como candidatos, en las seis boletas, el día de las elecciones.
Aun cuando se están haciendo esfuerzos notables para ello, como la plataforma “Conóceles” que pondrá a disposición de la sociedad el Instituto Nacional Electoral (INE) para acceder a la información curricular básica de quienes participen en la contienda electoral, es evidente que el cúmulo de datos que cada persona tendrá que revisar es enorme y será insuficiente para realizar una ponderación adecuada de aspectos tales como el compromiso social o conocer más a fondo la personalidad y carácter de todos ellos.
Uno de los propósitos básicos de la llamada reforma al Poder Judicial de la Federación fue el generar cercanía e identificación entre las personas y aquellos que impartirán justicia, cuestión que difícilmente se podrá lograr si no se conocen y se identifica a los eventuales candidatos.
En medio de un proceso que impone a quienes aspiran a ocupar un cargo jurisdiccional, el deber de visibilizarse y ser conocidos por las personas, se corre el riesgo de olvidar que, dentro de los procesos judiciales, quien juzga tiene responsabilidades y deberes específicos que lo identifican más con una postura de discreción y reserva, que con alguien extrovertido y que comparte públicamente detalles de los juicios que están a su cargo.
La exposición pública y la necesidad de buscar el voto de un electorado no son cuestiones que hayan sido inherentes a la actividad jurisdiccional y menos respecto de las cuales buena parte de los aspirantes tengan conocimientos o estén preparadas para llevarlas a cabo.
En este sentido, el reto de la elección del Poder Judicial es doble: por una parte, hacer que las personas que aspiran a un cargo tengan la capacidad y posibilidad de difundir públicamente sus perfiles, capacidades e ideas y, por otra, lograr que las y los electores los conozcan e identifiquen para verse favorecidos con sus sufragios.
Los límites y restricciones para el desarrollo de las campañas dentro de la elección judicial se establecieron para generar mayores condiciones de equidad y un “piso parejo” entre todas y todos los aspirantes.
Sin embargo, la amplitud y diversidad del electorado al que deben llamar quienes participan en la elección judicial, así como el tiempo que durarán las campañas, hacen que la maximización de los recursos autorizados y la búsqueda de métodos alternativos para visibilizar sus perfiles y propuestas sean algunos de los mayores desafíos que enfrentará esta elección inédita para su éxito.
