Cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) revelaron que en 2020, México registra una población estimada de 126,014,024 de habitantes, de los cuales según reportes de la Secretaría de Economía dedican su vida a las labores de inteligencia y seguridad.
En esta ocasión te contaremos sobre el panorama actual de los hombres y mujeres que se desempeñan como agentes de la Policía de Investigación (PDI), un objetivo clave en el desarrollo nacional, específicamente en operativos a lo largo de la República Mexicana y aprehensiones de sujetos implicados en delitos y carpetas de investigación.
Reportes de México Data han revelado que la fuerza laboral de Oficiales de Ministerio Público y Agentes de Investigación durante el tercer trimestre de 2024 fue 31 mil personas, las cuales trabajan durante un periodo de 47.1 horas a la semana. Dicha rama se divide de la siguiente manera.
- Servicios de Contabilidad, Auditoría y Servicios Relacionados / con un salario de 22 mil pesos
- Banca Múltiple / con un salario de 16 mil pesos
- Servicios Legales / con un salario de 15 mil pesos
- Según cifras oficiales el salario promedio de Oficiales del Ministerio Público y Detectives es de 7 mil pesos
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¿Cuántos policías de investigación hay en México y cuáles son sus principales labores?
Mientras que la fuerza laboral se concentró en Regulación y Fomento del Desarrollo Económico (73.4%), Administración Pública en General (23%) y Impartición de Justicia y Mantenimiento de la Seguridad y el Orden Público (1.62%). Durante el tercer trimestre de 2024, la informalidad laboral de Oficiales del Ministerio Público y Detectives alcanzó un 0%.
De acuerdo con información del Gobierno Federal, un agente de investigación concentra sus labores en los siguientes aspectos: coordina y realiza acciones policiales específicas para asegurar la obtención, análisis y explotación de información de inteligencia para ubicar, identificar, disuadir, prevenir y combatir los delitos.
Participa en la detención de personas y en el aseguramiento de bienes que las autoridades competentes consideren que se encuentren relacionados con hechos delictivos, en observancia a las disposiciones constitucionales y legales aplicables.
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