En la sección “Cero Impunidad”, como parte del informe quincenal de Seguridad, se presentaron tres casos de jueces que favorecen a presuntos delincuentes. Luis Rodríguez Bucio, subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), detalló el caso de Luis “N”, exfuncionario de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, en proceso por el operativo “Rápido y Furioso”.
“La jueza novena de distrito del estado de Sonora, Jesús Karina Almada Rábago, quien el 20 de enero de este año dictó auto de libertad por falta de elementos para procesar a favor de Luis "N". por delito de omisión al no impedir la introducción a territorio nacional en forma clandestina de armas y municiones de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas”, dijo.
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En la Mañanera, señaló que a criterio de la jueza Almada Rábago, no se aportaron medios de convicción aptos y suficientes para acreditar el delito como lo mandata el artículo 21 constitucional. Sin embargo, Luis “N” continúa recluido en el penal del Altiplano por otras causas penales.
El subsecretario dijo que otro caso es el de Emilio “N” por los casos Odebrecht-Pemex en donde la jueza Sandra Leticia Robledo Magaña el 23 de enero de este año le otorgó una suspensión provisional a favor luego de que promovió amparo contra la resolución de fecha 15 de diciembre del 2023 en la que el juez de control del Reclusorio Norte le negó el cambio de medida de la medida cautelar de prisión preventiva justificada.
“Posteriormente, el 6 de febrero, la jueza decretó esta suspensión de manera definitiva. Esta suspensión definitiva prevalecerá hasta en tanto se resuelva de fondo el amparo y no implica la libertad de Emilio 'N'”, dijo.
Rodríguez Bucio precisó que el tercer caso es el de un presunto operador financiero del cártel del golfo detenido en un cateo con fentanilo y cocaína.
“Es Rogelio N., involucra al juez Cresencio Contreras Martínez, quien el 14 de diciembre del año pasado decretó sobreseimiento de la causa penal en favor de Rogelio N. y ordenó su libertad porque se afectó su presunción de inocencia. De acuerdo al juez Contreras Martínez, el cateo en el que fue detenido Rogelio N. vulneró sus derechos fundamentales, pues no se le permitió nombrar testigos y su detención fue ilegal, ya que la situación no daba pauta a restringirlo de su libertad, ni representaba riesgo alguno ante la cantidad de elementos participantes en el cateo”, leyó.
Precisó que José Alberto “N” continúa recluido por el delito de secuestro.
BRC