Esta semana, la Cámara de Diputados aprobó en lo general y particular la reforma de simplificación orgánica, que elimina siete organismos autónomos, entre ellos el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI). Tras una sesión de siete horas de discusión, los grupos parlamentarios debatieron a favor y en contra de la propuesta.
El dictamen fue remitido al Senado para continuar el proceso legislativo. Durante el debate, se presentó una reserva del diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, que propone la creación de dos nuevas instituciones para asumir las funciones técnicas del IFT y la Cofece.
Al respecto, Alfonso Ramírez Cuéllar, diputado federal y vicecoordinador del grupo parlamentario de Morena, destacó la importancia de la reforma en términos de la competencia económica, la transparencia y el fortalecimiento del gobierno en áreas clave como la investigación y la evaluación de políticas públicas.
En entrevista para el programa de Al Aire con Karen Torres, por Heraldo Radio, el legislador dijo que uno de los puntos centrales de la reforma es la creación de una nueva autoridad para combatir los monopolios y las concentraciones de poder en mercados clave del país, como telecomunicaciones, alimentos, y servicios financieros.
"Los niveles de concentración de muchos mercados y servicios en México son verdaderamente inaceptables", aseguró Ramírez Cuéllar, al referirse a las prácticas de sobreprecios que afectan a los consumidores, acotó además que la propuesta busca abordar esta problemática mediante la fusión de funciones de dos organismos clave en el área: el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).
Unificación de la investigación y la evaluación de políticas públicas
Según Ramírez Cuéllar, la reforma simplifica y hace más eficiente la labor de estos órganos al fusionarlos en una sola entidad que se encargue tanto de la recopilación de datos como de la evaluación de políticas. Esta unificación, afirmó, permitirá que las decisiones gubernamentales se basen en información más precisa y actualizada, facilitando la toma de decisiones y mejorando la rendición de cuentas.
Uno de los temas que ha generado mayor debate sobre la reforma es la posible afectación al derecho a la transparencia y la información, especialmente con la reestructuración de organismos como el INAI. En respuesta a estos temores, Ramírez Cuéllar aseguró que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum "es muy celoso en garantizar los derechos establecidos en la Constitución".
Además, remarcó que el artículo 6° de la Constitución, que garantiza el derecho a la información, permanece intacto, y las reformas apuntan a una mayor eficiencia en la administración pública sin comprometer estos derechos fundamentales. El legislador destacó que, aunque la reforma introduce cambios importantes en la administración de estos organismos.
El derecho de los ciudadanos a la información está plenamente asegurado, y en caso de que se den obstáculos, existe la posibilidad de recurrir a la vía judicial".
Impacto presupuestal y garantías para los trabajadores.
Sobre el impacto presupuestal de la reforma, Ramírez Cuéllar indicó que, si bien la fusión de estos organismos implicará ahorros en algunas áreas, la mayor parte del gasto actual se destina al pago de nóminas. Sin embargo, aseguró que no habrá despidos masivos y que los derechos de los trabajadores serán respetados, garantizando liquidaciones en caso necesario.
"El ahorro no será tan significativo como algunos podrían pensar, pero la reorganización permitirá una mayor eficiencia en el uso de los recursos públicos. El Senado tiene toda la libertad para hacer las evaluaciones pertinentes y, si lo considera necesario, modificar el dictamen", indicó Ramírez Cuéllar.
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