Para evitar el maltrato animal derivado del abandono de canes en las inmediaciones de la Basílica de Guadalupe durante las peregrinaciones del 12 de diciembre, la diputada del Partido del Trabajo (PT) en el Congreso de la Ciudad de México, Jannete Guerrero Maya, solicitó incluir en el próximo operativo de seguridad a la Agencia de Atención Animal (AGATAN), con el propósito de disminuir la cifra de perros que son extraviados.
Durante su participación en el pleno, la diputada señaló que año con año se detecta este problema debido a que los animales de compañía acompañan a los peregrinos; no obstante, muchos de ellos son abandonados en el sitio al finalizar la travesía, lo que los deja sin un hogar y sin familia.
“Esto sucede porque al finalizar la travesía, muchos de estos seres sintientes no regresan con sus familias, quedando abandonados y expuestos a condiciones de frío, hambre y peligros de la calle que muchos ni siquiera conocen al ser animales domésticos”, explicó.
Asimismo, recalcó que, de acuerdo con diversos organismos, en 2022 se reportó el abandono de entre 150 a 200 perros en las inmediaciones de la Basílica de Guadalupe, por lo que pidió la colaboración entre la Brigada de Vigilancia Animal y la AGATAN, para garantizar que los peregrinos que lleven a sus animales lo hagan con medidas de protección para evitar extravíos a través del uso de pecheras o correas que eviten su pérdida y posterior abandono.
Finalmente, la legisladora recordó que si bien se han hecho esfuerzos para invitar a las personas a que no asistan con sus animales de compañía, no ha sido suficiente, pues los animales siguen siendo abandonados y merodeando en los alrededores del recinto.
“El bienestar de los animales que, durante las peregrinaciones del 12 de diciembre quedan desamparados, no tienen voz, y es nuestra responsabilidad como sociedad velar por ellos. El abandono no sólo les niega un hogar; les arrebata su bienestar, seguridad y, en muchos casos, la vida”, dijo.
Pide Victor Hugo Romo eliminar los viernes de consejo técnico escolar
Para atender el rezago educativo que dejó la pandemia, el diputado morenista, Víctor Hugo Romo, solicitó a la Secretaría de Educación Pública Federal y a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México eliminar las sesiones presenciales del Consejo Técnico Escolar para que los últimos viernes de cada mes se puedan impartir clases regulares.
Durante su participación en el pleno del Congreso, el legislador señaló que la educación es fundamental para construir un futuro digno y aumentar las oportunidades de desarrollo, algo que se ve mermado con la falta de asistencia escolar. Por ello, invitó a las dependencias involucradas a crear nuevos mecanismos que permitan a los alumnos seguir con su plan de aprendizaje y utilizar los medios de comunicación tecnológicos para llevar a cabo las sesiones del Consejo sin necesidad de hacerlo presencial.
“La reestructuración de los días destinados a Consejo Técnico Escolar podría asegurar una mayor estabilidad educativa para los estudiantes en la Ciudad de México, reduciendo los factores de vulnerabilidad y permitiendo que permanezcan en un entorno escolar seguro y orientado al aprendizaje”, sostuvo.
Lo anterior, al reiterar que las sesiones que se celebran regularmente los viernes, implica que los estudiantes debían quedarse en casa, lo que interrumpe su proceso educativo en los planteles. Ante ello, recalcó que este esquema limita el cumplimiento del derecho a la educación al reducir los días efectivos de clase, situación que deja a los niños y niñas en un contexto de vulnerabilidad social y educativa.
Además, afirmó que afecta desproporcionadamente a los menores que no cuentan con un entorno familiar que les ofrezca las condiciones necesarias para la continuidad de sus aprendizajes desde casa. Por ello, externó su confianza en que las autoridades implicadas atenderán la necesidad de cumplir con los derechos fundamentales de la niñez y con ello mejorar el plan escolar.
PAN en el Congreso CDMX va por incrementar penas por robo o sustracción de niños
La diputada del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, Laura Álvarez presentó una iniciativa para con la que busca aumentar la pena mínima por el delito de sustracción de menores a 10 años de prisión y la máxima a 20 años, mismas que hoy se encuentran en 3 y 7 años, respectivamente. Para lo anterior, propuso reformar el segundo párrafo del artículo 171 del Código Penal para el Distrito Federal.
Señaló que esta es una medida orientada a proteger a los menores de edad y fortalecer la seguridad de la infancia en la capital. Refirió que la Ciudad de México enfrenta una crisis en materia de desaparición de menores que ha venido creciendo en los últimos años. Apuntó que de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), desde 2017 se han reportado 5 mil 274 casos de niñas, niños y adolescentes desaparecidos en la ciudad y al menos mil 167 aún no han sido localizados hasta agosto de 2024.
“Esto quiere decir que uno de cada 3 niñas, niños y adolescentes desaparecidos de los que se tienen registro proceden de la Ciudad de México”, destacó.
Refirió que las alcaldías de Iztapalapa y Gustavo A. Madero concentran el 33 por ciento de estos casos, lo que evidencia la magnitud del problema. Puntualizó que el 80 por ciento de los menores desaparecidos son adolescentes entre 12 y 17 años; dos de cada tres son mujeres, lo que refleja un preocupante sesgo de género en estos casos.
“Atender este problema que afecta a la niñez y también a sus familias es algo que ya no puede esperar. Reconocemos que no basta con endurecer las penas, sino que este es un primer paso, pero un paso firme para garantizar su seguridad”, señaló.
Álvarez Soto reiteró que “no basta con protocolos y buenas intenciones. Necesitamos leyes que fortalezcan nuestra capacidad de respuesta y que aseguren un entorno seguro para nuestras niñas y niños”.
“Por eso, propongo elevar las penas por la sustracción de menores, para que quien cometa este delito sepa que enfrentará las consecuencias más severas, que quien pretenda robarse un niño termine en la cárcel”, añadió.
Por su parte, Guillermo Donaldo, Director General de la Fundación Nacional de Investigaciones de Niños Robados y Desaparecidos, I.A.P. advirtió que la sustracción por persona ajena o robo de niños requiere de toda la atención ya que se ha incrementado entre menores de 0 a 6 años y en adolescentes de los 12 a los 17 años que son presa del delito con fines de trata o de crimen organizado.
“Elevar las penas es necesario, pero también las Fiscalías deben hacer su parte, no hay justificación para que a los padres o familiares se les pida esperar 72 horas para iniciar una denuncia. La autoridad debe actuar de inmediato”, señaló. La iniciativa representa un compromiso firme con la protección de la infancia y es un llamado a la acción para que las y los legisladores se sumen en favor de un marco jurídico más sólido y efectivo.
Congreso capitalino pide implementar políticas públicas para el manejo integral de residuos sólidos
Con la finalidad de mitigar el impacto ambiental y fomentar la economía circular, el Congreso de la Ciudad de México exhortó a la Comisión Ambiental de la Megalópolis y a la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México a establecer mesas de trabajo con las distintas jurisdicciones homólogas de la zona metropolitana, para construir las directrices con visión metropolitana para el manejo integral de los residuos sólidos, a través de líneas estratégicas en la recolección, tratamiento y disposición de residuos.
Al realizar la petición, el diputado Alberto Vanegas Arenas, explicó que la zona metropolitana del Valle de México es la segunda metrópoli en el mundo que genera mayor cantidad de basura. Tan solo la Ciudad de México genera 13 mil 149 toneladas de residuos diarios, de acuerdo con datos de la Semarnat, lo que representa 1.40 kg por habitante al día.
El legislador morenista agregó que esta situación resulta alarmante no solo por la cantidad de desechos que se generan, también por los retos en su manejo y disposición final, pues aproximadamente el 50 por ciento de los residuos recolectados no se gestionan de manera adecuada, lo que implica un riesgo ambiental importante como la contaminación del suelo, del agua y la proliferación de fauna nociva.
Advirtió que pese a los esfuerzos de reciclaje y compostaje, más del 80 por ciento de la basura termina en rellenos sanitarios, la mayoría saturados, lo que ha llevado a crisis recurrentes como el cierre del basurero del bordo poniente en 2011, que manejaba casi la mitad de los residuos de la CDMX. Derivado de esta situación, gran parte de la basura es enviada a rellenos sanitarios ubicados en municipios del Estado de México, como Cuautitlán Izcalli, Naucalpan, Ixtapaluca y Chicoloapan, muchos de estos, tiraderos a cielo abierto y sin ningún control ambiental.
Vanegas Arenas destacó la importancia de que en la próxima renovación del Programa Integral de Residuos Sólidos, se tomen medidas serias y se ponga en marcha la Ley de Economía Circular, ya que es un modelo económico que busca reducir la generación de residuos y aprovechar al máximo los recursos disponibles. En este modelo, los productos, materiales y recursos se mantienen en la economía por el mayor tiempo posible, con el objetivo de minimizar la producción de desechos.
“De esta forma, la economía circular podría reducir hasta un 99 por ciento los desechos de algunos sectores industriales y un 99 por ciento de sus emisiones de gases de efecto invernadero, ayudando así a proteger el medio ambiente y combatir el cambio climático”, aseveró.
Finalmente, exhortó a la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México para que en aras de la actualización del Programa de Gestión Integral de los Residuos para la Ciudad de México, se establezca una perspectiva metropolitana que permita la coordinación para el manejo integrado de los residuos, incluyendo los diferentes sectores de la sociedad.
Piden endurecer penas para quien transporte a menores de edad en motocicletas
El Congreso capitalino pidió a la Secretaría de Movilidad analizar endurecer las penas para aquellas personas que transporten menores de edad en motocicletas, a fin de proteger la integridad de niñas, niños y adolescentes. A través de una iniciativa impulsada por Judith Vanegas Tapia, de Morena, se advirtió que el hecho de que un menor de edad se encuentre a bordo de un vehículo de este tipo representa un riesgo grave para él mismo, pero también para las personas que lo rodean, pues no cuenta con la madurez ni el desarrollo necesario para la operación y control del mismo.
Es por ello que se planteó aplicar una sanción más fuerte que la que actualmente se tiene prevista, es decir, que la motocicleta sea remitida al depósito vehicular, lo cual también privaría al infractor del medio de riesgo del que se está hablando. Lo que propuso la legisladora es que la Secretaría de Movilidad analice la posibilidad de hacer uso de la facultad que la Ley de Movilidad prevé en su artículo 198, para invitar a la jefatura de Gobierno a modificar el artículo 38 del Reglamento de Tránsito.
Ello, con la finalidad de endurecer las penas para las personas que transporten menores de edad en motocicletas, así como el supuesto de la transportación de menores de 12 años, es decir, que los vehículos donde se cometan este tipo de infracciones sean remitidos al depósito.
Lo anterior debido a que en 2023 la Secretaría de Salud de la Ciudad de México registró a mil pacientes por traumatismos derivados de choques en motocicletas, de los cuales el 77 por ciento ronda los 18 años. Por su parte el sector de entre 13 a 17 años representa el 18 por ciento de las víctimas, pero lo más preocupante es que alrededor del 4 por ciento de los lesionados fueron menores de 12 años.
“Este último dato es preocupante, pues, de conformidad con el reglamento vigente, este sector no debería siquiera estar a bordo de un vehículo de estas características”, señaló la morenista.
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