El Congreso del Estado de México avaló dictámenes que reforman diversos artículos del Código Penal en sesión del pleno de este martes, entre los que destaca que la nulidad del matrimonio por violencia, conducta que podrá denunciarse por el cónyuge agraviado con un período de un año y ya no únicamente 60 días.
Las otras adecuaciones se tratan de la tipificación del robo de mobiliario urbano, sancionar a los servidores públicos que coadyuven a la usurpación de funciones y posibilitar la querella en el delito de robo o abigeato cuando sea cometido entre familiares.
Y finalmente precisar las responsabilidades penales de personas jurídico-colectivas y así prevenir y combatir delitos contra la hacienda estatal.
Nulidad de matrimonio
Por una parte, ahora se podrá pedir en la entidad mexiquense la nulidad del matrimonio por violencia, tras pasar la reforma que presentó en la materia la bancada del PRD, presentada en septiembre del 2022 y avalada en comisiones durante junio.
La propuesta reforma el Código Penal y tomará en cuenta la violencia que se causa al contrayente, pero también a sus parientes en línea recta, sin limitación grado o sus colaterales dentro del segundo grado.
Además, prevé que la conducta haya subsistido al tiempo de celebrarse el matrimonio o durante cualquier momento previo a la misma.
Y la acción de nulidad de matrimonio podrá deducirse sólo por parte del cónyuge agraviado dentro de un período de un año desde que cesó la misma. Y se estableció que cuando la violencia subsista al momento de demandar el procedimiento la juez dictará de manera oficiosa las medidas de protección contra la violencia familiar.
Otras reformas que se incluyeron
En sesión del pleno, también hubo otras reformas al Código Penal que fueron planteadas por la bancada de Morena.
La primera prevé la tipificación del robo de mobiliario urbano donde la afectación ronda entre los 17 mil y 20 mil, por lo que emitirán penas por seis años de prisión y una multa de hasta las mil Unidades de Medida y Actualización (UMA).
La segunda ahora sancionará a los servidores públicos que coadyuven la usurpación de funciones con penas de hasta 10 años de cárcel, y ahora se posibilitará la querella en el delito de robo o abigeato cuando sea cometido entre familiares.
Finalmente, la reforma para establecer las responsabilidades penales de personas jurídico-colectivas con el que se buscará prevenir y combatir con mayor eficacia delitos que se originan en el sector privado como el blanqueo de capitales, ilícitos contra la hacienda pública y la seguridad social, urbanización ilegal y delitos contra el medio ambiente.
DRV