A 31 años de la tragedia ocasionada por las explosiones de gasolina en el sector Reforma de Guadalajara, Jalisco, que dejaron más de 200 fallecidos, los sobrevivientes se sienten vulnerables aún.
Todos tienen lesiones externas, internas y emocionales. Viven en incertidumbre, porque les cambiaron las reglas del Fideicomiso de Apoyo de Seguridad Social del que reciben apoyo para medicamentos.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos se declara incompetente para ver ese punto, el asesoramiento se les brinda en otros renglones.
“Sufrimos unas explosiones el 22 de abril de 1992. Nos hicieron víctimas. (Hoy) nos sentimos igual, es como si hubiera vuelto a explotar”, lamenta Sonia Solórzano.
“22 de abril tras 22 de abril hemos sido reviolentados en nuestros derechos humanos. (…) El gobierno federal nos ha descuidado en todo momento y el gobierno estatal, igual”, comenta en entrevista Lilia Ruiz, presidenta de la Asociación 22 abril en Guadalajara.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos recibió una queja firmada por 26 afectados de las explosiones del 22 de abril.
“Solicitan una mejora en la atención médica, también el otorgamiento de aparatos ortopédicos necesarios por algunas discapacidades”, explicó la cuarta visitadora de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Katia Rico.
Los 54 inscritos en el padrón exigen transparencia en los recursos porque lo consideran “amañado”. “Sí estamos emocionalmente inestables; son 31 años de lucha”, añade Sonia Solórzano.
Pero la presión de los afectados parece rendir ya algunos frutos. El gobierno estatal anunció el viernes que el apoyo para se mantendrá conforme al aumento al salario mínimo; el pasado 14 de marzo había cambiado a UMAS. Aseguró que hay un aumento de tres mil 111 pesos, lo que significa un apoyo al mes de 18 mil 669 este año.
Por su lado, el Ayuntamiento de Guadalajara sostuvo que ha duplicado los recursos para el Fideicomiso y que, por segundo año aportó cuatro millones de pesos.
MAAZ