Con nueve votos a favor y dos en contra, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), multó al PRI con 97.9 millones de pesos, por desvío de 39 millones de pesos de recursos públicos del gobierno de César Duarte en Chihuahua durante las campañas electorales del 2015 en beneficio del partido.
En su sesión extraordinaria de este lunes, los consejeros electorales discutieron el proyecto que deriva de una denuncia presentada en junio de 2018 por Rocío Olmos Loya, secretaria de la Función Pública de Chihuahua, en la que advirtió de diversas irregularidades cometidas por el PRI en 2015 al recibir “ilegalmente” de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del estado recursos públicos por 39 millones 166 mil 666 pesos.
Luego de cinco años de investigación el INE comprobó que el exgobernador priista, detenido en Estados Unidos en 2020, por el delito de peculado, desvió recursos públicos para favorecer al partido, que evadió la fiscalización.
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“Este Consejo General considera que la sanción a imponerse al sujeto obligado en atención a los elementos considerados previamente debe corresponder a una sanción económica equivalente al 250% (doscientos cincuenta por ciento) sobre el monto involucrado, a saber $39,166,666.00 (treinta y nueve millones ciento sesenta y seis mil seiscientos sesenta y seis pesos 00/100 M.N.). que asciende a un total de $97,916,665.00 (noventa y siete millones novecientos dieciséis mil seiscientos sesenta y seis pesos 00/100 M.N.).”, señala el proyecto avalado la noche de este lunes.
El instituto comprobó que se creó una red para desviar recursos públicos a través de 14 cheques emitidos desde la Dirección de Recursos Humanos por cinco millones de pesos, 6.6 millones de pesos y siete millones de pesos bajo el concepto de “pagos extraordinarios por compensaciones”.
El proyecto señala que los cheques fueron cobrados en efectivo, por la empresa de valores Servicio Panamericano de Protección S.A. de C.V. se trasladaban a la tesorería estatal y lo entregaban directamente al tesorero Joaquín Francisco Hernández Vega quien, a su vez, los entregó de manera directa a Pedro Mauli Romero Chávez, representante de finanzas del PRI bajo el concepto de “apoyo extraordinario”.
Durante la discusión, el representante del PRI ante el INE, Hiram Hernández, buscó, sin éxito, que el proyecto se regresara a la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF), bajo el argumento de que se tomó en consideración las declaraciones de Mauli Romero, exsecretario de Finanzas del PRI en Chihuahua, pese a que existe una investigación penal en contra del exfiscal estatal, Francisco González Arredondo, quien es acusado del delito de tortura, para obligarlo a declararse culpable de varios delitos.
“Fue este ex fiscal, preso por tortura, el que se encargó de integrar el expediente en contra del secretario del PRI de Finanzas, por presuntamente recibir aportaciones económicas provenientes del gobierno estatal, y ese expediente fue tomado por la Unidad Técnica de fiscalización, es evidente que el secretario de Finanzas fue sometido a tortura para que se declarara culpable de ese delito”, señaló el diputado priista.
En su posicionamiento y ante la intención de al menos dos consejeros, Adriana Favela y Uuc-Kib Espadas de que el proyecto regresara a la UTF, el consejero ciro Murayama se pronunció porque se aplicara la sanción, toda vez que, pese a los hechos de presunta tortura, se acreditaron con documentos los ilícitos.
CNBV confirma existencia de los cheques
Detalló que la Comisión Bancaria y de Valores confirmó que esos cheques existieron, que se le entregaron al Servicio Panamericano de Valores, que lo recibió el gobierno de Chihuahua, que se entregó al PRI y el secretario del partido firmó los recibos.
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“Sanciónese la corrupción, lo hemos hechos con todos los partidos y yo lo he dicho una y otra vez, a mi lo que me preocupan son los actos, no los actores y apliquemos la misma vara que en otras ocasiones en ´Amigos de Fox´, en ´Pemex Gate´en ´Diezmos de Texcoco´ y ahora en Chihuahua otra vez”, subrayó Murayama.
Al respecto, el consejero Jaime Rivera, señaló que no se puede acreditar la supuesta tortura, que dijo es un recurso frecuente, contrario a las pruebas documentales que confirman los hechos.
“Los recibos fueron firmados en 2015 y el fiscal supuestamente responsable de cometer tortura para lograr declaraciones en este caso, fue nombrado hasta 2016, es decir, no hay forma de desvirtuar el valor de prueba de los recibos”, señaló el consejero.
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