Con una adición del artículo 23 Bis a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, la Cámara de Diputados aprobó con 469 votos a favor y dos abstenciones, el dictamen que busca garantizar los derechos financieros de las personas mayores de 65 años.
En el documento se establece que corresponde a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, supervisar que las entidades del sistema financiero mexicano brinden sus servicios de forma universal, oportuna y efectiva a todas las personas adultas mayores, para asegurar su beneficio, seguridad e inclusión económicas.
Además, debe impulsar acciones que protejan y garanticen los derechos financieros de las personas adultas mayores, independientemente de su origen étnico, género, edad, tipo de discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales o estado civil, por parte de las entidades bancarias y financieras del país.
El documento, remitido al Senado de la República para efectos constitucionales, precisa en los transitorios que para el cumplimiento de las obligaciones previstas por el artículo 23 Bis de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, el Ejecutivo Federal tendrá un plazo de 180 días posteriores a la entrada en vigor del decreto, para armonizar sus normas reglamentarias en materia de prácticas de trato igualitario e incluyente a las personas adultas mayores.
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Se busca prevenir malas prácticas
La diputada Ciria Yamile Salomón Durán (PVEM), promovente de la iniciativa, manifestó que el Estado mexicano debe garantizar que las personas adultas mayores no sean discriminadas al momento de intentar adquirir un crédito bancario o contratar cualquier otro producto financiero.
Relató que en México la discriminación por motivos de edad es una realidad que lastima y vulnera a todas las personas, de manera particular a las personas adultas mayores, no solo en el aspecto laboral, sino por parte del sistema financiero, por lo que se debe erradicar este tipo de prácticas, con la finalidad de alcanzar una sociedad más igualitaria.
“Nosotros hemos sido testigos e incluso víctimas de prácticas discriminatorias en las que se nos ha impedido tener un libre acceso al crédito por nuestra edad, por la póliza o que la garantía financiera sea más elevada; no podemos permitir que esa situación continúe; la discriminación por motivos de edad es una práctica inhumana”, añadió.
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La propuesta señala que, conforme a las facultades de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), por su conducto inspeccionar, prevenir y corregir las prácticas de discriminación financiera que priven de un trato igualitario e incluyente a las personas adultas mayores.
Indica que las erogaciones que en su caso se generen con motivo de la entrada en vigor del decreto, se cubrirán mediante movimientos compensados conforme a las disposiciones jurídicas aplicables con cargo al presupuesto autorizado para las instituciones correspondientes, por lo que no se autorizarán ampliaciones al presupuesto del ramo correspondiente para el presente ejercicio fiscal.
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srgc
