Un total de 116 hectáreas es lo que adquirió el Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) como concesionario del Aeropuerto Internacional de Guadalajara al Comisariado Ejidal El Zapote, con la intervención de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), lo que resuelve el conflicto de más de 50 años por estos terrenos.
El anuncio de este acuerdo se hizo a través de un comunicado en donde se informó la resolución satisfactoria de las diferencias sostenidas por alrededor de 50 años.
Con la intervención del Gobierno Federal se ha dispuesto que se regularicen predios en posesión del Aeropuerto y se adquieran tierras mediante el pago de estas.
Así, el GAP, con la conformidad de la autoridad aeronáutica, efectúo los pagos correspondientes al ejido El Zapote, mediante los cuales se compraron y regularizaron predios que constituyen una reserva territorial para la realización de futuras obras.
Como parte de dichos convenios, se adquirieron 116 hectáreas que permitirán al Aeropuerto Internacional de Guadalajara realizar nuevos proyectos que sirvan para mejorar la operación y la experiencia de viaje de los pasajeros.
“Para el GAP, esta resolución es de gran relevancia porque se da fin a un conflicto de medio siglo, se termina con las disputas legales históricas y se realiza la compra de terrenos para expansiones futuras”, dijo Raúl Revuelta, director general de GAP.
Convenio para terminar conflicto
Por su parte, el representante del Comisariado Ejidal El Zapote, Nicolás Vega Pedroza, agregó: “Se hizo un convenio con la intervención de la Consejera Jurídica de Presidencia, María Estela Ríos González; quien por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador y con la colaboración del Grupo Aeroportuario del Pacífico se llegó a un convenio para terminar con un conflicto de más de 50 años, el cual se encuentra en un 85 por ciento de su conclusión para tranquilidad del ejido El Zapote y que le dará certeza legal al Grupo Aeroportuario del Pacífico”
En este orden, se ha presentado el desistimiento mutuo de todos los juicios existentes, finalizando así con la compleja situación jurídica que había existido por años.
Finalmente, con el acuerdo, ambas partes garantizan el bienestar de la comunidad a través de la legalidad y la resolución del conflicto histórico.
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