El pleito en torno al predio de 13.6 hectáreas en el que se pretende crear el proyecto Iconia en Huentitán es un asunto en el que están inmersos tres tópicos: el ambiental, el económico y el político, así lo aseguró Javier Armenta, alumno de la institución en entrevista con Lupita Juárez a través de la señal de radio de El Heraldo Media Group.
El alumno aseguró que el predio que se encuentra en disputa fue comprado por el gobierno municipal para mantenerlo como un parque público; sin embargo, con el gobierno de Enrique Alfaro se permitió que una empresa lo obtuviera para construir un complejo inmobiliario. Destaca que solamente se le pediría a este grupo empresarial el pago de 688 millones de pesos.
Sin embargo, comentó, el predio tiene un valor mínimo de mil 600 millones de pesos y que la propuesta de construcción que se plantea para realizar en este punto prevé una serie de construcciones que dejarían ganancias de más de cinco mil millones de pesos.
Informó que en el lugar se prevé la construcción de mil 600 departamentos, un hotel, un mercado y un centro comercial. No obstante, aseguró que el convenido que firmó el líder local con la empresa en 2016 no fue cumplido, debido a que no se hizo el pago de esta suma.
"Un parque en mi colonia representa un espacio donde los niños puedan ser reclutados por el deporte y la cultura".
Por tal razón, indicó, los vecinos de la zona emprendieron acciones y manifestaciones para que se recuperara el predio para que permaneciera como un punto público. Sin embargo, cuando se convirtió en líder estudiantil en la UdeG, la administración local usó su pertenencia a la institución para atacar al movimiento.
Acusó al gobernador Enrique Alfaro de no recuperar los terrenos, ofrecerles un descuento y plazos de pago al grupo que pretende tomar el control de este terreno. Añadió que el líder local se ha negado a discutir el fondo del problema: regalar el terreno al grupo inmobiliario.
"Los dos alcaldes que han sucedido son de Movimiento Ciudadano"
Pidió además a instancias judiciales obliguen a las autoridades locales que él y sus compañeros sean juzgados con apego a los derechos humanos. Indicó que son más de 200 vecinos los que quieren que este espacio sea público.
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