La defensa del predio que se ubica en la zona de Huentitán en Guadalajara y donde particulares construyen el proyecto inmobiliario denominado Distrito Iconia, continuará ante instancias federales a fin de que se revise el proyecto y la afectación medioambiental.
El anuncio lo hizo en rueda de prensa, Javier Armenta, expresidente de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) y contra quien se sigue un litigio acusado de despojo junto con dos estudiantes de la Universidad de Guadalajara (UdeG), José e Iván, quienes aún enfrentan su proceso en libertad.
Ahora, los vecinos lanzarán una convocatoria a la comunidad de abogados del país para encontrar la estrategia legal para que el municipio de Guadalajara cancele el proyecto Iconia y pide que se juzgue a los estudiantes con perspectiva de derechos humanos.
En la Ciudad de México, miembros del colectivo Únete Huentitán, organizaciones civiles y la FEU, denunciaron la persecución política de autoridades jaliscienses, quienes se encargaron de encarcelar por seis días a tres estudiantes que han defendido el predio que denominaron Parque Resistencia Huentitán.
En rueda de prensa, ofrecida en las instalaciones del Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS), Armenta Araiza denunció la cerrazón del ejecutivo estatal y la persecución política.
"En Jalisco no hay diálogo y hay una persecución política: en nuestro Estado, la justicia no existe, está a la venta; las autoridades son corruptas, particularmente el gobernador, que tiene un negocio corrupto", resaltó.
Aseguran que la empresa Iconia adeuda por el terreno 688 millones de pesos, menos de la mitad del valor comercial sin intereses que asciende a mil 632 millones de pesos, que representa el daño patrimonial total al municipio de Guadalajara, con una ganancia estimada para la empresa de cinco mil 500 millones de pesos por mil 600 departamentos.
"Al medio ambiente solo lo defiende el barrio, su gente y los ciudadanos, los proyectos inmobiliarios se hacen violando la ley y nos despojan de nuestros servicios ambientales representados en un parque".
Lamentan persecución
Por su parte, la presidenta de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU), Zoé García Romero, lamentó la persecución de los estudiantes encarcelados durante seis días en el Penal de Puente Grande.
“El gobernador de Jalisco confirmó que en nuestro Estado se paga con cárcel por alzar la voz por lo justo. Por ello, el día de hoy queremos señalar el abuso de poder político y económico de nuestro estado”, dijo.
Estimó que, además del daño al patrimonio municipal de Guadalajara estimado en mil 600 millones de pesos, se encuentra en priorizar la construcción de departamentos para personas con ingresos modestos, además del uso de instituciones de impartición de justicia para criminalizar a luchadores sociales.
El presidente del Consejo Social en Huentitán El Bajo sección 2 y miembro del Colectivo Vecinal Únete Huentitán, Arturo Héctor Mendoza Montaño, denunció la injusticia del gobierno que expropió 280 hectáreas de la comunidad 1980 para un parque, terreno que terminó bajo el control de la empresa Iconia.
“Fundar un gran parque era el objetivo inicial, intención que nunca se cumplió. Luego, el alcalde Alfonso Petersen se asoció con el grupo Mecano y cedió 13.6 hectáreas para el desarrollo inmobiliario Puerta Guadalajara con obras para el beneficio de la comunidad”.
Sin embargo, se incumplió la entrega de estas obras como un museo, hospital y mejoras al planetario Severo Díaz Galindo que luego desapareció.
Al incumplimiento, las administraciones posteriores, hasta el incumplimiento, las administraciones posteriores, hasta la gubernatura de Enrique Alfaro, ni presionaron para cumplir con las contraprestaciones ni la recuperación del predio.
“El gobernador, en lugar de recuperarlo, renovó el contrato del fideicomiso y redujo de 32 a 16 las contraprestaciones para la comunidad”, enfatizó.
Por su parte, la presidenta del Instituto de Derecho Ambiental de Guadalajara, doctora Raquel Gutiérrez Najera, propuso la homologación de la legislación jalisciense con el Acuerdo de Escazú para garantizar la seguridad de los defensores del territorio y reivindicar el llamado a la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en México para vincularlo en el Estado.
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dhfm
