Jueces de ejecución de sanciones penales del Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX) han autorizado modificaciones al plan de reinserción social de 25 sentenciados para sumarse a algún programa de actividades de utilidad pública desde diciembre de 2019, fecha en la que el Gobierno de la Ciudad de México implementó un plan para tal efecto, destacó el presidente del órgano judicial, magistrado Rafael Guerra Álvarez.
Al asistir a la presentación del Manual del programa de actividades de utilidad pública De vuelta a la comunidad. La experiencia práctica en los centros penitenciarios de la Ciudad de México, impulsado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y autoridades italianas en la materia, el magistrado explicó que de esos 25, 17 ya concluyeron su plan, en tanto que ocho lo continúan.
En la sede de UNODC en México, y con la presencia del representante de ese organismo en el país, Kristian Hölge, Guerra Álvarez también subrayó que magistrados y jueces de ejecución de sanciones penales del PJCDMX han aportado su tiempo y talento para actualizar los Lineamientos de operación de Actividades Públicas de Utilidad para la Ciudad de México, lo que ha dejado como saldo la ampliación del catálogo de delitos susceptibles de ser incorporados a ese tipo de programas de reinserción.
Esto, para dar oportunidad a más sentenciados a participar aún y cuando cuenten con ingresos anteriores a prisión, con el cuidado, desde luego, del riesgo de sustracción, dijo el magistrado, quien comentó que manual presentado se apega a lineamientos internacionales a través de la capacitación y la realización de labores de pública utilidad a la comunidad, mediante las que se fomenta el empleo de las personas privadas de la libertad, y con ello se evita la reincidencia.
“Al paso del tiempo, nos enorgullece que el Poder Judicial de la Ciudad de México ha coadyuvado para que las personas privadas de la libertad que se encuentran en los centros penitenciarios de esta capital adquieran herramientas para lograr la reinserción social a la que tienen derecho por mandato constitucional”, comentó el también presidente del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México.
Impulso a labores
Tras plantear que este tipo de programas se haga extensivo a todo el país a través de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (Conatrib) que preside, Guerra Álvarez aseguró que se mantendrá el impulso a la cooperación para el seguimiento de labores de utilidad pública mediante la reinserción social de personas que han estado privadas de la libertad.
“Sólo con la confianza depositada en los otros, es que podemos concretizar la sociedad que queremos. Reinsertar no es normalizar; es seguir confiando en la naturaleza humana, en la bondad, la justicia, la paz y el estado democrático de derecho”, dijo.
En su oportunidad, Kristian Hölge recordó que las personas privadas de la libertad se enfrentan a presión social a su egreso de los centros penitenciarios, con fenómenos tales como la estigmatización, discriminación y marginación; por ello, planteó una reinserción efectiva, como objetivo básico de los sistemas de justicia penal.
En tanto, el subsecretario del Sistema Penitenciario del gobierno de la ciudad, Enrique Serrano Flores, afirmó que las personas sentenciadas que han participado en programas de utilidad social han desarrollado destrezas, capacidades y habilidades, que les permitirán insertarse en el mercado laboral, con lo que se logrará disminuir los índices de reincidencia.
En la presentación participaron, entre otros, el director general de Detenidos y Tratamiento del Ministerio de Justicia de Italia, Gian Franco de Gesu; la subdirectora para Temas de Drogas y Combate a la Corrupción de la Dirección General para las Naciones Unidas de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Martha Vázquez, y el agregado de Policía de la Embajada de Italia en México, Luca Brioschi.
dhfm
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